La posición del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, fue tajante: el Cuerpo de Seguridad Presidencial es inconstitucional y un peligro para la seguridad ciudadana.

Él acudió a la Comisión de Soberanía de la Asamblea para presentar su propuesta de reformas a la Ley de Seguridad.

Para Jarrín este organismo, como está concebido, pretende militarizar a la seguridad y se convertiría en un mecanismo de control social en manos de una persona.

Recalcó que este grupo civil armado estaría por encima del Comandante de las Fuerzas Armadas y de la Policía, lo que violaría la Constitución y atentaría contra la estructura de estos organismos.

Con ese mismo criterio coincide el viceministro de Seguridad, Diego Tipán. Él aseguró que entre otros problemas está el hecho de que deberá generar y ejecutar labores de inteligencia y contrainteligencia por propia cuenta y sin control.

El comandante de la Policía, Nelson Villacís, aclaró que la institución no fue consultada cuando se aprobó la Ley en 2017.

El asambleísta Fabricio Villamar (CREO) mocionó la propuesta para eliminar esa entidad del proyecto que entregarán al pleno. Su iniciativa logró 6 de los 7 votos necesarios para que se apruebe definitivamente.

Solo 9 de los 12 legisladores se encontraban en la sala. Doris Soliz (Revolución Ciudadana) dijo que entregará un informe de minoría, pues considera que se valoró subjetivamente al organismo.

La legisladora Paola Vintimilla (PSC) dijo que su eliminación es inminente. (I)