Los representantes de las organizaciones sociales esperan que los canales de diálogo entre ellos y la Secretaría de Gestión de la Política se fortalezcan con la llegada de Viviana Bonilla a esta cartera de Estado.

La exgobernadora de Guayas entraría en funciones el lunes, anunció Betty Tola, secretaria de la Política saliente. Ambas se reunieron la semana pasada y en 2 días estará listo el informe con los temas pendientes, entre ellos el fortalecimiento del diálogo. “En la relación con la sociedad hay tareas muy grandes todavía”, dijo la funcionaria.

Para Gustavo Zurita, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores Autónomos de Ecuador (Cutae), en la secretaría actual “no hubo un verdadero trabajo” con las organizaciones por la fusión entre la desaparecida Secretaría y la cartera de Gestión de la Política. “Fueron 6 meses de transición, esperemos  que con la nueva secretaria se fortalezca el diálogo”, insistió el dirigente sindical.

El representante de la Cutae cree que los movimientos sociales no  fueron tomados en cuenta, “y ese fue uno de los problemas para no lograr una correcta articulación, hubo una incomprensión de subsecretarios y ministros que no entendieron que los movimientos estamos llamados a empoderarnos del proyecto político para profundizar y radicalizar el poder popular”.

Pero Tola aseguró que el Ejecutivo apuesta  por construir un Estado popular, lo que “requiere de un esfuerzo y diálogo permanente que pasa por una acción y una forma de hacer gobierno, pero también  por un proceso permanente de formación y de capacitación de la sociedad;  crear espacios y capacidad de deliberación”.

Para ella, en su gestión, se logró vigorizar la relación entre Ejecutivo y Legislativo, con la aprobación de la Ley de  Comunicación y el Código Orgánico Integral Penal. Además destacó el diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados, los indígenas y  los jóvenes. “Quedan líneas sobre las que el Gobierno Nacional tiene un compromiso de fondo, bajo la necesidad de profundizar el proyecto y la relación con las organizaciones”, aseguró.   

Mireya Tapuy representa a una organización indígena de Orellana. Ella calificó como un logro la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, porque ahora “tenemos derecho de libre expresión”. Sin embargo, a su criterio, faltó que la cartera de Estado “socialice con las comunidades” esta norma.

Tapuy consideró que la Secretaría de Gestión de la Política no apoyó  los emprendimientos de los jóvenes. “Faltó diálogo, comunicación con las comunidades (...) solo se logró papeles, pero nada en concreto con las comunidades, esperamos que el cambio lleve logros para nosotros”, ratificó la mujer  shuar.

Gilberto Talagua, subsecretario de Pueblos y Nacionalidades de la Secretaría de la Política, precisó que los diálogos “fueron permanentes”.

De hecho, en Chimborazo se dialogó con más de 30.000 personas de la Sierra Centro. “Ese proceso continúa, hay mesas de diálogo con cada ministerio, concretando las demandas planteadas”, comentó el funcionario.

En ese marco hay acuerdos en educación intercultural y agrarios, con los ministerios de Educación y  Agricultura. “Estuvimos en un proceso permanente por concretar las cosas con cada organización y nacionalidad”, explicó Talagua.

Aunque calificó como “lento” al proceso de concreción de acuerdos, “pero el trabajo sigue”, destacó que ahora las comunidades indígenas cuentan  con radios comunitarias.

Rodolfo Rodríguez, representante de las organizaciones de la tercera edad de la Amazonía, afirmó que uno de los problemas fue colocar en ciertos cargos a gente que no conoce la situación en las comunidades. “Deberían poner gente del lugar que administre nuestra situación. Si mandan autoridades de Quito y otros lugares, ellos no conocen, ¿cómo esperan que nos entiendan?”, cuestionó.

Héctor Cueva, representante de la Red de Barrios y Organizaciones Sociales Eloy Alfaro (Bosea), espera que en la administración de Bonilla participen más las organizaciones.

Tola aseguró que regresará a la militancia de PAIS. Ayer, la funcionaria ofreció una rendición de cuentas en la que fue su última actividad pública en el cargo.