Con una inversión de aproximadamente $ 1.500 millones  inició, el pasado 18 de julio, la fase de producción del primer proyecto de minería a gran escala en Ecuador denominado Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe.

La empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA) puso a funcionar la planta de procesado de material mineralizado para convertir las rocas en polvo concentrado de cobre, el cual  será exportado desde diciembre a refinerías en China.

Carlos Pérez, ministro de Energía, dijo que se estima que en los años de operación ECSA perciba ganancias por $ 30.305 millones. “El beneficio para Ecuador será de $ 7.635 millones por  impuestos, utilidades y regalías”.

Sin embargo este ambicioso proyecto corre el riesgo de ser obstaculizado por algunos dirigentes del transporte en la provincia de Zamora Chinchipe y por el prefecto Cléver Jiménez.

Ellos piden que se les entregue el 100% del material para ser transportado de la minera hacia el puerto de Guayaquil, desde donde se enviará a China.

César Rogel, presidente del Consorcio de Transportistas de Zamora, indicó que “cumplen con todos los estándares de calidad y la capacidad para realizar el transporte”.

Jiménez señaló que sobre este tema ya han conversado con autoridades del Gobierno nacional y de la empresa ECSA, pero admitió que no hay acuerdo.

Convocó para este martes a una asamblea con la presencia de las autoridades locales para tomar decisiones.

“No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en los próximos días. No estamos amenazando a nadie, simplemente estamos comunicando”, sostuvo.

El legislador de Sucumbíos, Eliseo Azuero (Badi), impulsor de la Ley de Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en donde se establecen beneficios para la región, dijo que la norma está en vigencia.

Y en ella se establece que “el 70% de la mano de obra calificada y no calificada, así como los bienes y servicios deben ser contratados con  residentes y personas amazónicas, naturales o jurídicas”.

Esto significa que no es el 100% como lo reclama el prefecto de Zamora.

Advierte que la Constitución garantiza el derecho al trabajo a todos y en algún momento cualquier afectado puede demandar la inconstitucionalidad de la Ley. De darse, podría poner en riesgo dicha Ley Amazónica. (I)