Aunque existe la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la realidad no ha cambiado en Ecuador.

Siete representantes de las bancadas del Legislativo hablaron con EL TELÉGRAFO y reconocieron al menos tres problemas sobre aquello: en Ecuador no se aplican las leyes; se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la violencia contra las mujeres es un problema estructural.

Los legisladores se centraron en que la Asamblea ya hizo la ley para erradicar la violencia el año pasado, pero que su aplicación depende del Gobierno.

La normativa plantea, por ejemplo, un sistema nacional para que las instituciones del Estado emitan políticas públicas para   prevenir y erradicar la violencia. Sin embargo, la falta de presupuesto ha impedido su implementación. Según la Asamblea, se requieren $ 86 millones para aplicar la ley.

A pesar de ello, el Gobierno estableció para 2019 un presupuesto de $ 658.000 para combatir la violencia de género.

Eddy Peñafiel, asambleísta del Bloque de Integración Nacional (BIN), lamentó que, después de la violación de Martha, en Quito, y el crimen de Diana, en Ibarra, publicó el reglamento a esa norma.  

Freddy Alarcón, legislador independiente, instó a los poderes del Estado a apropiarse de la ley, especialmente las instituciones rectoras de justicia.

Para Héctor Yépez, asambleísta de CREO, esa ley debe complementarse con un endurecimiento de las penas. Propone la castración química, tal como en algunos países europeos, y la cadena perpetua. “Eso no significa retroceso de derechos. No hay prohibición en la Constitución para ambas cosas”.

César Rohon, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), también coincide en tener penas más fuertes que deben incluirse en las nuevas reformas al COIP.

“Las penas para los violadores deben ser las más duras y no pueden disminuirse por buen comportamiento de ellos en las cárceles”, expresó Rohon.

Las reformas al COIP se discuten en la Comisión de Justicia de la Asamblea.

Uno de los integrantes de esa mesa legislativa, Franklin Samaniego, del bloque de la Revolución Ciudadana, explicó que en el análisis de esos cambios al COIP está el artículo 643.

Este -dijo- establece reglas para  otorgar medidas de reparación en casos de violencia contra la mujer. También se incorpora la no revictimización, acelerar los procesos e incluye que cualquier persona denuncie los delitos de violencia contra la mujer.

César Litardo, de Alianza PAIS (AP), es pesimista. Cree que la violencia contra las mujeres no disminuirá. “La violencia de género es un problema estructural. Los valores antimachistas se construyen desde la casa y desde la escuela. Esto se debe instrumentalizar con buenas leyes”.

Lo mismo piensa Sebastián Palacios, de SUMA. Él lamenta que en muchos casos se promueva la desigualdad entre géneros y el machismo en las familias.

“No es una tarea solamente de crear o de mejorar leyes, la idea es que el Estado mejore los niveles de educación y que las familias practiquen valores antimachistas”. (I)