Con ocho artículos -y uno final que incluye su vigencia- fue presentada la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.

El documento lo entregó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, al presidente de la Asamblea, José Serrano.

La propuesta está enfocada en reformar tanto el Código Orgánico Integral Penal (COIP), como la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) -con derogatoria parcial- en caso de delitos flagrantes.

Hasta el Salón de Presidentes del Palacio Legislativo llegó el pleno del Concejo Cantonal de Guayaquil para entregar la propuesta de ley que, según sus impulsores, busca endurecer sanciones en delitos de muerte, violación, secuestro y robo.

“Se quiso dar una muestra de unanimidad para demostrar que cuando se trata de la vida y de los bienes de las personas no puede haber divergencias que tengan su origen en ideologías, política, colores o números”, dijo Nebot en su intervención.

En los cuatro delitos presentados el Concejo espera que no se apliquen procedimientos “donde la ley alcahuetea la delincuencia” y que no se permita a jueces y fiscales aplicar normas “que no son prosociedad, sino prodelincuenciales”.  

Así, dentro del término de procedimiento abreviado, se espera que el delincuente que se declare culpable no tenga menor pena y no pueda abandonar la cárcel por buena conducta. También piden que la abstención de los fiscales para acusar sea por razones de fondo y no por logística.   

Sobre la prisión preventiva propone que un delincuente que reincide en sus delitos no acceda a medidas cautelares.

La propuesta también busca que cuando se cumpla el tiempo, no haya caducidad, sino que el juez esté obligado a dictar la prisión preventiva.

Dentro de la LOC, el proyecto sugiere que en delitos flagrantes, especialmente de violación a menores, no se oculte el rostro al delincuente “porque es hacerle un daño a la sociedad proteger el rostro que por el contrario debería ser publicitado...”.

“Al igual que la Constitución garantiza la presunción de inocencia también garantiza el derecho de las víctimas a obtener justicia”, agregó el Alcalde.

Al final expresó su esperanza de que el proyecto, que fue remitido a los coordinadores de cada uno de los bloques legislativos, tenga el apoyo de todas las bancadas.

De su lado, el titular del Legislativo anunció el inicio del trámite y que se tomen en cuenta las observaciones enviadas para las posteriores reformas de ley.

Así lo manifestó después de presentar estadísticas que demuestran la emergencia de seguir controlando los delitos y promulgar la seguridad.

“Nunca debemos olvidarnos que en Ecuador la situación de los homicidios y asesinatos era alarmante y estábamos ingresando a los países con pandemia por muertes violentas y crímenes (asesinatos, homicidios, femicidios)”, aseguró.   

Según los registros que maneja el Ministerio del Interior, Ecuador alcanzó, incluso, una tasa de 20 por cada 100.000 habitantes.

Estos mismos, en 1980, eran de 5 por igual número de pobladores, tendencia que fue creciendo hasta el 2009, cuando (los casos) llegaron a 19 por 100.000 habitantes.

En 2016 la tasa se redujo a 5,4 casos por 100.000 habitantes y en 2017 se ha mantenido en ese rango.

El 90% de los países de América Latina dispararon sus tasas de homicidios y asesinatos y entre las 50 ciudades más inseguras del mundo por delincuencia 35  están en América Latina, con capitales que tienen hasta 180 casos por cada 100.000 habitantes. (I)

Pleno exhorta a que se cumpla con la jornada especial
Con la presencia de 500 profesionales y trabajadores de la salud, el pleno de la Asamblea aprobó, por unanimidad, un proyecto de resolución que exhorta a las autoridades de las instituciones de la Red Pública de Salud, que adopten acciones para que las unidades desconcentradas cumplan la jornada especial de trabajo para el personal de salud.

Además instó al Ministerio del Trabajo para que coordine, asesore y apoye a las instituciones de la Red Pública Integral de Salud, a fin de que las unidades de salud apliquen la jornada especial de trabajo al personal.

Además deberá aprobar las jornadas especiales de trabajo que se soliciten y verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales respectivos.

A esto se suma la derogatoria a la Resolución del 2 de febrero de 2011, del Ministerio de Relaciones Laborales, sobre todo en el párrafo que dispone que los puestos de los profesionales de la salud: médicos, odontólogos, enfermeras, tecnólogos médicos, obstetrices y psicólogos clínicos cumplan la jornada de ocho horas diarias efectivas y continuas.

Igualmente, se insta a las autoridades sanitarias y del Trabajo a que evalúen el cumplimiento de la jornada especial de trabajo del personal de la salud. (I)