¿Cuál es su postura con respecto a la consulta popular?

El ejercicio de democracia directa siempre fortalece la democracia. Pero de la misma manera es necesario que quienes somos demócratas denunciemos el sentido manipulador cuando se usa este mecanismo.

Hay una consulta con tapa y contratapa. Ningún ser humano se va a oponer a que personas que cometan delitos de corrupción nunca más puedan estar en el sector público, pero hay una contratapa, que a todos nos duele, que es responsabilidad del Estado actuar con celeridad para que no prescriban delitos contra niños.

¿Quién podría estar en contra de eso? Ahí está la gran manipulación de la consulta popular cuando no se quiere confrontar lo que de fondo es: primero, tomarse por asalto las instituciones de control y repartirlas a manera de cuoteo.

Segundo: eliminar la posibilidad de que Rafael Correa sea candidato nuevamente a la Presidencia de la República; tercero: los acuerdos con los poderes fácticos para bajar una ley que ni siquiera existe sino que tiene el nombre que pusieron los medios.

¿Quién se quiere tomar las entidades de control?

Eso es parte del reparto. Cuando a la ciudadanía le quitas la capacidad de impugnar, elegir, vigilar los concursos, en el momento que dices ‘yo quiero que sean estas siete personas las que estén ahí, entonces estás cometiendo un acto de inconstitucionalidad al violentar derechos de participación. Estamos hablando de las fuerzas políticas que son las que están estableciendo las cuotas del reparto.

Muchas preguntas no tienen sustento jurídico sólido para que pasen. Pero si pasan, la intención es del reparto. En la consulta nombran cuatro instituciones que son por las que van: Contraloría, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y Procuraduría General del Estado.

Me imagino que el banquero decidirá que la Superintendencia de Bancos es importante para él, las Cámaras dirán que la Superintendencia de Compañías es importante para ellos.

La consulta puede verse como la respuesta natural a lo que significó la designación de Carlos Pólit...

El CPCCS ha designado más de 150 autoridades. Nuestro rol es facilitar que los ciudadanos hagan el concurso de méritos. Pero que quede claro, los concursos son de méritos y oposición, es decir se califican carpetas, pruebas. La probidad notoria se entrega para que la ciudadanía establezca los procesos de impugnación. Es una corresponsabilidad entre la comisión ciudadana que elige y la ciudadanía que tiene la capacidad de impugnar. El caso (de Pólit) debió haber sido impugnado por falta de probidad notoria.

Hemos buscado cómo entregar más poder e información a la ciudadanía para que esas cosas no vuelvan a suceder. Incluimos en los concursos la presentación de la declaración patrimonial de bienes.

¿De qué modo se podría fortalecer o independizar al CPCCS?

El CPCCS ha trabajado de manera autónoma, respetando y coordinando con la Función de Transparencia y Control Social y con las otras funciones del Estado. Hemos actuado de manera correcta. Esa ha sido nuestra práctica de manera permanente.

En la consulta no existe ninguna forma de llegar a lo que plantean, es ‘quítate tú que ganaste por concurso de méritos y oposición y estuviste sometido a impugnación, para poner yo a quien a mí me dé la gana sin que pase ningún proceso de méritos, oposición o impugnación’. Eso no soluciona, sino destroza la institucionalidad del Estado y la Constitución.

¿Por qué en Ecuador la Asamblea ha fracasado en la designación de autoridades y necesita al CPCCS?

Como ejemplo, entre 2003-2007 el país no tuvo Contralor, tuvo un subrogante porque en el Congreso no podían ponerse de acuerdo. Cada partido político quería repartirse a manera de cuoteo. (I)