Los médicos y enfermeras de Pichincha y Guayas realizaron la noche de ayer una vigilia en la Plaza de San Francisco y luego se trasladaron a la Plaza de la Independencia, en el centro de Quito, para protestar y exigir el veto al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual crea el “homicidio por mala práctica profesional”.  

La convocatoria la efectuaron la Federación Médica Ecuatoriana y el Colegio de Médicos de Pichincha. El propósito era exponer sus preocupaciones al presidente Rafael Correa y expresar su  rechazo a los artículos 146 y 147 que, según ellos, criminaliza la práctica profesional.

Previo a esto, la ministra de Salud, Carina Vance, anunció que, tras diálogos con representantes de la salud, se harán reformas al Código Orgánico de la Salud para crear una entidad de control de calidad de establecimientos de salud, tanto públicos como privados.

DATOS

La Ministra de Salud señaló que se trabaja en la elaboración de un plan para capacitar a jueces y fiscales sobre las particularidades de la profesión médica.

Además, propuso que se incorpore al Código de la Salud el concepto del “Riesgo no permitido”, porque se está trabajando directamente con la vida humana.

Carina Vance recordó que 60.000 personas  fallecen al año en el país, la mitad sucede en casas de salud.

Los médicos plantean como alternativa la “culpa médica”, que sanciona la impericia, inobservancia y negligenciaEste nuevo organismo garantizará el cumplimiento de estándares en infraestructura, equipamiento, dotación de insumos e implementos,  formación de los profesionales de la salud, entre otros aspectos.

Vance quiere realizar un control más “fuerte y cercano” a la prestación de servicios de salud, desde lo administrativo, para recoger quejas y preocupaciones de la ciudadanía.

Frente a este anuncio, Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, se mostró de acuerdo con la propuesta, siempre y cuando esta entidad sea autónoma y conformada por médicos especialistas y peritos.

La titular de la cartera de Estado espera evitar que se generen 200 millones de dólares en seguros por posibles demandas. Comparó este gasto con el que implicaría la construcción de 70 hospitales o 2.000 ambulancias al año.

Además, aclaró que se planteará que salga del COIP la suspensión de la licencia profesional de los médicos  y entre al Código de la Salud.

En tanto, anunció que la próxima semana se realizará una segunda reunión de evaluación entre la secretaria de Gestión de la Política, Betty Tola y los médicos.

Carlos Figueroa, secretario general de la Federación Médica de Pichincha, aspira que los temas que involucran a la medicina sean eliminados del nuevo Código Penal y que queden únicamente en el Código de la Salud.

El vocero de los médicos en Pichincha, Juan Barriga, desea acogerse al pedido del presidente Rafael Correa, de tener “paciencia y tolerancia”, pero su objetivo es que el gobernante vete los artículos polémicos.

El artículo 146 del nuevo Código Penal estipula sanciones de privación de libertad por el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional.

Protestas continuaron

Las manifestaciones ante la posible aprobación del COIP prosiguieron. Durante la mañana los profesionales de la salud del Hospital General de Latacunga colgaron sus mandiles en la malla externa, durante unos 15 minutos.

En Tulcán, provincia de Carchi, se sumaron unos 20 médicos del Hospital Luis G. Dávila. Ellos paralizaron sus actividades cerca de 15 minutos para exhibir sus mandiles y demostrar su inconformidad con lo actuado en la Asamblea.

El doctor Édgar Castañeda garantizó a la ciudadanía la calidad del servicio, ética y probidad de sus servicios.

En Azuay se constató un panorama parecido. Unos 30 médicos, en representación de los 200 que trabajan en el Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, pusieron sus mandiles en las rejas de las ventanas del centro de atención y realizaron sus jornadas laborales con total normalidad.

Víctimas de mala práctica

Mientras que en los exteriores de la Asamblea Nacional, familiares de víctimas de mala práctica médica se dieron cita para proponer sanciones para quienes ocasionen muerte o estado vegetativo del paciente.

Patricia Cárdenas, presidenta de la Fundación “Carlitos Rodríguez”, pidió el apoyo a la Asamblea y aseguró que hay  médicos que muchas veces han quitado vidas.

Aunque la Asamblea Nacional ya aprobó tres libros del Código Penal, aún le falta uno. Posteriormente el proyecto será remitido al Ejecutivo para que éste lo vete o apruebe directamente.