Leonardo Berrezueta, ministro de Trabajo, rechazó categóricamente que las movilizaciones sean empleadas como una plataforma política. 

El secretario de Estado emitió su postura sobre las marchas previstas para mañana por parte de los dirigentes sindicales de organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), entre otras.

Berrezueta aseguró que la jornada de protestas obedece a una agenda política por parte de los dirigentes sindicales que lo único que están buscando es "pescar a río revuelto en funciones a las elecciones de 2017".

"Como Rafael Correa anunció que no va a ser candidato quieren mostrarse y qué mejor plataforma que las huelgas", expresó.

Berrezueta reiteró que todos los ciudadanos en el Ecuador tienen libertad de expresarse. Citó como ejemplo que en los últimos meses los gremios y organizaciones civiles han salido a las calles para protestar.

No obstante, el ministro solicitó que las movilizaciones se realicen de forma pacífica. "Hago un llamado para que las protestas sean respetando la propiedad pública y privada y que no haya desmanes en el patrimonio", dijo.

La marcha fue anunciada luego de que la Comisión Ocasional de Enmiendas aprobara el informe para segundo y definitivo debate del paquete de enmiendas a la Constitución. Los sindicalistas insisten en que la eliminación del contrato colectivo permitirá los despidos en masa de los empleados.

En ese sentido, Berrezueta criticó a la oposición señalando que en sus posturas hay contradicciones. Sobre las enmiendas constitucionales, referente al tema laboral, reiteró que no se restringen los derechos de los empleados. "Lo que pretendemos es que los servidores públicos tengan la capacidad de tener derecho a la huelga y a la asociación", aseguró.

Sobre el contrato colectivo, el secretario de Estado explicó que lo que se pretende es ratificar el acuerdo 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en donde se establece la forma en la que los servidores y los autoridades de las instituciones públicas pueden llegar a acuerdos amigables de acuerdo a los problemas que tengan. (I)