Ana (nombre protegido) es parte de la directiva de la urbanización Asistencia Social, populoso barrio en el sur de Quito. Recuerda bien lo que pasó el 12 octubre, uno de los días más fuertes del paro de indígenas y grupos sociales contra la liberación de los subsidios de combustibles.

Ella no reconoció a ninguno de sus vecinos entre las personas que bloquearon las calles y amenazaron a los que no “colaboraban” para aumentar la protesta.

“Durante ese día llegaron personas en motocicletas o camiones que eran desconocidos”, sostiene la mujer.
Esta situación no solo se vivió en Asistencia Social. La Coordinadora de Seguridad del barrio Solidaridad, ubicado en Guajaló, sur la capital, asegura que no fueron los vecinos quienes estuvieron en las protestas.

“Gente desconocida llegó al barrio, se bajó de camionetas, otras se unían, llegaban de distintos sitios, no los conocíamos”, enfatizó.

Al interior de los barrios del Distrito Metropolitano ocurrieron varias dinámicas de organización durante las manifestaciones del 11 y 12 de octubre. Situación que tomó por sorpresa al Gobierno.

Así lo reconoció la ministra María Paula Romo, quien sostuvo que detrás de la movilización existió un proceso de desestabilización del Gobierno, lo que caotizó Quito.

Aseveró que el expresidente Rafael Correa y su movimiento político, Revolución Ciudadana, estuvo detrás de la violenta protesta.

Bajo este escenario, la Fiscalía abrió investigaciones contra los principales dirigentes del movimiento en Pichincha:

Paola Pabón, Virgilio Hernández y colaboradores del Gobierno Provincial.

El coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Cristóbal Lloret, reconoce que el correísmo se movilizó durante de la protesta, pero recalca que no actuó en los hechos de violencia y peor lideró acciones para generar el caos y derrocar al presidente Lenín Moreno.

Lloret asevera que el Gobierno se equivoca al no reconocer la movilización espontánea de miles de personas: estudiantes, personas que perdieron su trabajo durante este Régimen, jóvenes y otros sectores sociales.

Una convocatoria de ese tipo se vivió la noche del 12 de octubre con “el cacerolazo”, que llamó a la ciudadanía a las calles, pese a que había un decreto de toque de queda y se mantenía el estado de excepción.

Los habitantes de los barrios como la Tola, la Loma Grande, Vicentina, la Floresta, entre otros se movilizaron. Lo mismo sucedía en las parroquias, especialmente aquellas que conectan con las vías que llevan al aeropuerto.

Hasta ese día, los barrios no tuvieron una acción directa en la protesta. Sus directivas se concentraron en recolectar comida, ropa y medicamentos para los manifestantes indígenas.

Los barrios la Tola Chica y Grande, en Tumbaco, nororiente de la ciudad, fueron escenario de protestas. Los moradores cerraron la Ruta Viva, que une Quito con el aeropuerto Mariscal Sucre y las parroquias aledañas.

María, quien vive 33 años, en la Tola Chica, comenta que el 12 de octubre, la alarma comunitaria sonó. “Fue la señal para que todos salgamos a protestar”.

La mujer cuenta que la toma de la vía fue organizada por la comunidad; en este caso no hubo personas ajenas al barrio. “Salimos en familia y nos organizamos, también recolectamos ayuda para los indígenas”.

Según el ECU-911, de las 65 parroquias que pertenecen al Distrito Metropolitano de Quito, en 27 hubo movilizaciones durante los días más fuertes del paro. En cuanto a las vías cerradas, el 11 de octubre se registraron 17 puntos de cierre y para el 12 de octubre, un total de 69.

Natasha Rojas, asesora de la Federación de los barrios de Quito, organismo que acoge a 100 barrios de la ciudad, explica que la organización política en los sectores populares obedece a una trayectoria histórica de lucha.

Para la jurista, los moradores de los barrios populares se veían afectados por la eliminación del subsidio a la gasolina.

Eso motivó que se generara un sentimiento contra la medida del Gobierno.

La excandidata a la alcaldía de Quito dijo que en estos sectores viven jóvenes que no pueden ingresar a la universidad o al colegio, padres y madres desempleados, trabajadores despedidos, etc.

Aclaró que los barrios están organizados en comités, ligas, federaciones, asambleas, grupos culturales, etc.
Rojas dejó en claro que las manifestaciones fueron pacíficas, sin embargo la fuerza pública reprimió a la ciudadanía, como fue en el caso de La Tola, donde la joven Jahira Urresta fue impactada por una bomba y perdió su ojo.

Para el analista político Gabriel Hidalgo, la manifestación en estos sectores es el resultado de una sociedad heterogénea. Señala que la gente que protestó fue de barrios populares, decir es que el Estado fracasó como el vehículo de los intereses populares.

“No se trata del Gobierno, sino de la institución que no ha tenido la capacidad de incluir a todos en el proceso de decisión política”, aclara.

Hidalgo agrega que no todos respondían a un mismo liderazgo centralizado, personalista y vertical.
Los dos voceros concuerdan que un sector delincuencial, que lo llaman “lumpen-proletario”, fue uno de los que se inmiscuyó en las protestas y generaron zozobra durante la protesta. (I)