Como un atentado al derecho a la libre postulación calificaron tres integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al sentido de la pregunta 3 de la consulta popular del próximo 4 de febrero.

De aprobarse la pregunta, cesaría en funciones a los actuales miembros y daría paso a un nuevo Consejo, esta vez, elegido por votación popular.

Edwin Jarrín, vicepresidente del CPCCS, junto a las consejeras Tania Pauker y Sonia Vera, expusieron su preocupación en un encuentro con medios en la sede de la entidad.

Manifestaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) receptó la denuncia que presentaron contra el Estado y en la que solicitaron medidas cautelares.

Los consejeros defienden el proceso en el que fueron designados mediante concursos públicos de méritos y oposición,  junto con las veedurías e impugnaciones correspondientes, así como el resto de las autoridades.

Afirmaron que ese argumento fue expuesto ante la Corte Constitucional y otras instancias, pero como no obtuvieron respuesta, decidieron acudir a la CIDH.

“Realizamos nuestros argumentos en la defensa de la institucional del Estado, y los derechos de participación”, mencionó Pauker.
Aún así, enfatizaron que no se encuentran haciendo campaña por el No en esa pregunta.

Jarrín dijo que ‘desmenuzar’ el anexo sirve para que el ciudadano vote informado. “No es igual votar sin deliberacion o con deliberación”.

También expuso las cinco preguntas que la CIDH realizó al Estado, ante su denuncia, y que tendría un plazo de 5 días para la respuesta. Entre ellas, se refiere al plazo y las razones del Estado para la convocatoria del referéndum.  

Para el vicepresidente del CPCCS, los ecuatorianos deben conocer esas respuestas. “Y que también responda el presidente de la Corte Constitucional, pues ha tenido un silencio complice”.  

Sonia Vera añadió que la denuncia se hizo en defensa de la institucionalidad y no de un cargo. (I)