Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, insistió en que el débito de $ 41 millones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), por la compra-venta de terrenos en Los Samanes- no afectará en el presupuesto de la institución.

En declaraciones emitidas esta mañana, el funcionario indicó que esta irregularidad se detectó desde hace mucho tiempo. Explicó que además del informe de la Procuraduría General del Estado, él se había encargado de enviar cartas para solicitar que se rectificara una anomalía dentro de la adquisición de lotes que realizó el Ministerio del Ambiente (MAE) al Issfa.

"Yo había mandado cartas reiterando que se rectifique y lo que había hecho es ratificar lo que todos sabemos, que hay una ilegalidad manifiesta de la compra venta", dijo.

De acuerdo a un documento del 14 de noviembre de 2010, Marcela Aguiñaga, ministra del Ambiente en ese entonces, fue la encargada de pedir el avalúo a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac) y también al Municipio de Guayaquil. Sobre este punto, Mera aseguró que hubo "errores de buena fe" en aras de tener una buena relación con la institución militar.

"Para eso estamos enmendando, para evitar que haya glosas y situaciones que pueden ser más complicadas. Por eso se hizo el débito porque no queremos tener el tema pendiente que puede complicar la administración del Estado", añadió.

El secretario jurídico también se refirió al cese de funciones del Comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Garzón, y el resto de la cúpula militar, dispuesto por el presidente Rafael Correa.

A criterio de Mera, el problema de ciertos oficiales fue pensar que el Issfa puede mantenerse solo. "Ellos están formados en las armas y no en la administración pública. El Issfa no se mantiene solo, si el Gobierno subsidia las pensiones", dijo y reiteró que en 2015, el Gobierno pagó más de $ 300 millones en pensiones.

"Creer que $ 41 millones les puede afectar es un error en concepción administrativa pública, pero ellos tomaron una actitud equivocada y fue sancionada", reiteró.

El funcionario también rechazó la tendencia de politizar el tema. Señaló que hay algunos actores políticos como Andrés Páez, asambleísta por CREO, y militares en servicio pasivo como Fausto Cobo (exmilitante de Partido Sociedad Patriótica) que pretenden usar a las Fuerzas Armadas asegurando que se les van a reducir sus pensiones.

En este punto, Mera recordó que el Estado tiene que garantizar sus mensualidades. Recordó que el régimen reformó la Constitución estableciendo la responsabilidad del Estado sobre las pensiones. "Puede ser que ahora debitemos $ 41 millones, pero mañana podemos pagar $ 100 millones o $ 200 millones. Este año hemos pagado $ 250 millones", añadió el funcionario. (I)