En Manabí, la noticia sobre la notificación que realizó (el lunes) Contraloría solicitando la destitución del prefecto Mariano Zambrano Segovia por presuntas irregularidades en los procesos de contratación de obras ha generado el interés y la incertidumbre de la opinión pública de la provincia.

Julio Villacreses, secretario de la Comisión Anticorrupción de Manabí (CAM), recordó este martes 31 de julio que ellos y María Arboleda, de la Secretaría de Transparencia Técnica Anticorrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) denunciaron formalmente la serie de presuntas irregularidades en la Fiscalía y la Contraloría.

“Aquí tenemos argumentos de mayor fuste. En su momento revelamos, por ejemplo, cómo el Prefecto junto al alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, y el exsecretario del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal, se festinaron los recursos de la Ley de Solidaridad y las donaciones internacionales”, resaltó.

Dijo que todo deberá ser investigado por Contraloría, Fiscalía y demás organismos.

Roosevelt Cedeño, uno de los abogados privados contratados por el prefecto Zambrano, señaló este martes 31 de julio que tienen 60 días para presentar los argumentos de descargo.

“De ser el caso que lo deriven hacia una responsabilidad penal, será a través de la Fiscalía, situación que no ha sucedido, por lo que hay que esperar. Este es un trámite de largo aliento”, indicó.

El empresario de la construcción y excandidato a la Vicepresidencia de la República, el manabita Guido Carranza, manifestó  que los notificados por la Contraloría tienen la oportunidad de probar si han manejado bien o no los recursos públicos...

“Hay que dejar en claro que las personas deben responder por sus actos”, refirió.

Ramón Ricaurte, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Prefectura, consideró que a Mariano Zambrano le perjudicó su relación con el anterior gobierno.

El exconsejero de la Prefectura, Wagner Zambrano, dijo que también fue notificado por Contraloría, pero en torno a un tema por la contratación de un proyecto direccionado a grupos vulnerables. “Fui miembro de la comisión de presupuesto, pero nada más, no tengo nada que ocultar y estaré presto para exponer mis argumentos”.

Por su parte, la viceprefecta de Manabí, Clara Zambrano, aclaró este martes 31 de julio que no ha llegado al despacho de la Prefectura ninguna notificación de Contraloría con el pedido de destitución de la principal autoridad provincial.

“Esto es algo normal, siempre nos están haciendo auditorías, pero como ahora estamos a las puertas de un proceso electoral todo se vuelve político”, añadió.

Sostuvo que cuando llegue a su oficina el Prefecto, él mismo despejará todas las dudas de los medios y estará listo a presentar las pruebas de descargo ante los señalamientos de Contraloría.

El Prefecto se reincorporaría hoy miércoles a trabajar, pues la Viceprefecta indicó que viajó fuera del país por un tema personal: su hermana se sometió a un trasplante de médula.

“No es que el Prefecto haya escapado de Manabí como comentan especialmente en redes sociales”, puntualizó. Pero aclaró que hay un largo camino por recorrer, pues “existen al menos dos instancias legales más donde con pruebas se argumentará el accionar del Prefecto”.

Al actual informe de Contraloría se suma que el 21 de junio pasado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), presentó en la Fiscalía General una denuncia penal contra Mariano Zambrano Segovia y su hijo,  que es asambleísta y lleva su mismo nombre.

El CPCCS-T pide indagarlos por presuntos delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, perjurio, testaferrismo y lavado de activos. (I)