La Comisión Investigadora del 30-S, encabezada por Carlos Baca, concluyó que los hechos ocurridos aquel día de 2010 constituyeron un golpe de Estado blando “concurrente con una estrategia de desestabilización regional”. El “golpe suave” es una estratagema creada por el escritor y filósofo Gene Sharp, quien desarrolló una serie de pasos para desprestigiar y derrocar a un gobierno.

Los comisionados fundamentan sus conclusiones en que se intentó asesinar al presidente Rafael Correa y en la toma del aeropuerto de Quito, lugar clave para el funcionamiento del Estado. En Guayaquil también se paralizó la terminal aérea porque los miembros de la Policía Judicial dejaron sus puestos.

También agregan que la toma del canal público Ecuador TV formaba parte de un plan para crear “un desorden amplificado mediáticamente, que haga efecto en la ciudadanía”. Esa noche, manifestantes llegaron a la estación para intentar cortar la cadena nacional que transmitía desde el mediodía.

Otro factor que hallaron para justificar el “golpe blando” es la campaña de desprestigio que sufrió la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). El 29 de septiembre de 2010 la Asamblea aprobó esa norma y aquella noche circularon en el país rumores sobre una eventual disolución del Legislativo al aplicar el mecanismo constitucional de la “muerte cruzada”.

La Losep, señala el texto, sufrió una campaña de desprestigio para crear malestar entre la ciudadanía y la fuerza pública. “La oposición (incluidos algunos medios de comunicación privados) pretendió articular y aprovecharse de la demanda de estos sectores y de quienes se decían perjudicados por las leyes, para elaborar una base de movilización, presión y desinformación”, reza el texto que no detalla qué medios incurrieron en esta falta.

Lo cierto es que entre la fuerza pública circulaban panfletos en los que se aseguraba la eliminación de beneficios laborales, condecoraciones y regalos navideños. Ese habría sido el principal motivo para la rebelión de los policías.

Al amanecer del 30 de septiembre de 2010, los gendarmes del regimiento Quito, el más grande del país, se rehusaron a salir a las calles como medida de protesta contra la Losep. Los canales de televisión transmitieron en vivo la huelga y al poco tiempo acudió el presidente Rafael Correa para dialogar con los sublevados. Los uniformados lo rechazaron y agredieron.

Para la comisión, ese rechazo evidenció que no se trataba de un reclamo laboral, “sino de un alzamiento e insubordinación en curso, que actuaba como un factor detonante de la desestabilización”. De hecho, cuando Correa se dirigió a la multitud encontró que ninguno de los manifestantes había leído la ley y que repetían rumores. En algún momento la multitud le gritó “eso lo hizo Lucio”, en referencia a la homologación laboral.

El informe remarca el rol que cumplieron agentes, activos y retirados, del GAO. Ellos habrían sido claves en las protestas del Regimiento Quito y otros destacamentos policiales del país. Este grupo especial fue disuelto en el actual Gobierno por estar involucrado en violaciones a los derechos humanos.

El reporte también critica a la cúpula policial de aquel entonces. “El mando de la Policía Nacional no tuvo capacidad ni voluntad para prevenir, controlar y resolver el conflicto, lo cual fue una expresión de debilidad institucional, de las pugnas por el mando y de los intereses económicos en juego”, reza el texto. El comandante general de la Policía durante aquellos hechos fue Freddy Martínez, quien estuvo en el Regimiento Quito tratando, infructuosamente, de calmar a los insubordinados.

En el resto del país, los gendarmes se acuartelaron dejando en la indefensión a la ciudadanía. Por eso se registraron saqueos, especialmente en Guayaquil. Para los comisionados, hay indicios de que esos robos fueron planificados.

Debido a las agresiones físicas que enfrentó Correa, este se resguardó en el Hospital de la Policía. “La seguridad del Presidente no ingresó completa al Regimiento Quito ni al hospital de la Policía Nacional y fue fragmentada en el momento de su rescate”, revela el informe. Asegura que la vida del Primer Mandatario, retenido en una habitación del hospital, “se constituyó en un factor estratégico”.

Y califica la rueda de prensa de los asambleístas opositores, donde se pidió amnistía para los insubordinados, como un “mensaje claro: impunidad y muerte al Presidente”.

DATOS

La comisión contó con el apoyo de la Fiscalía General del Estado y los ministerios del Interior y Defensa, entre otras instituciones.

La comisión realizó más de 500 reuniones de trabajo para obtener datos relativos a la investigación, incluyendo militares, policías, periodistas, gobernadores, familiares de víctimas y ciudadanos.

Además, se efectuó un acopio, procesamiento, clasificación y sistematización de información documental de más de 70 mil fojas y 300 piezas audiovisuales.

El presidente Rafael Correa recibió el reporte final el pasado miércoles 4 de junio en Quito.