Luigi García: “Hay que llegar hasta las últimas consecuencias en el ámbito penal”
¿Hay evidencias suficientes en contra de la legisladora?
La prueba que se incorporó demostró que el asesor Omar Mayorga tenía dos empleos; eso compagina con lo que dijo Lenín Rodríguez de que la mitad del sueldo iba a Juan Francisco Sevilla, cónyuge de Ana Galarza. También que Carmen Alvarado Maldonado no laboraba en la Asamblea; Galarza dijo que la señora trabajaba en la Casa Legislativa, pero cuando le demostramos que había 860 pases de enero a octubre de 2018 con la tarjeta de Alvarado explicó que en ocasiones acudía a la Asamblea. Tenemos la declaración juramentada de la secretaria de la Casa Legislativa donde expresa que solo dos veces al año acudió Alvarado.
Sobre la legisladora pesa una sanción administrativa...
Hubo además “piponazgo”, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como peculado, porque se paga sueldo a una persona que no labora en una institución del Estado. El tema no es que se utilizó mal la tarjeta de Alvarado, sino para qué ingresó Sevilla con la tarjeta de otra persona. Lo hizo para justificar una asistencia al trabajo y así lograr el pago; las evidencias indican que esos dineros eran retirados y entregados a Juan Francisco Sevilla Castro.
¿Qué le corresponde a la Asamblea?
El país espera que haya autodepuración en la Asamblea, sin distingo de partidos políticos. Estas malas prácticas no son nuevas, vienen desde que era Congreso Nacional.
¿Qué lectura le da a la disposición de la Asamblea de investigar a todos los funcionarios del organismo?
Es positivo que la presidenta de la Asamblea haya dispuesto que se investigue a más de 300 asistentes y asesores, aspiramos transparencia para que el Legislativo recupere su imagen.
¿Continuarán las acciones judiciales?
La fiscal (e) Ruth Palacios señaló día y hora para el reconocimiento de firmas y diligencias, entre ellas las versiones de Ana Galarza y Lenín Rodríguez para el 11 de febrero. Exigiremos agilidad procesal hasta las últimas consecuencias. No solo la sanción política sino en el ámbito penal. (I)