“No hay ningún análisis de incremento de tarifas, hemos aceptado la invitación del Gobierno de guardar un poco de mesura y prudencia dada la situación económica que está viviendo el país y luego de eso volveremos a analizar el tema”, manifestó el representante de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Napoleón Cabrera, frente a la decisión del gobierno de no incluir el subsidio de tarifas preferenciales para transporte interprovincial e intraprovincial en la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2016.       

Esa fue una de las reacciones una vez que finalizó el segundo taller de transporte terrestre, el cual tenía como objetivo evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados el 23 de abril pasado. Durante 4 horas el Gobierno se reunió junto a 11 federaciones de transportistas en las que se trató el tema de subsidios de tarifas, de llantas, la liberación de salvaguardias y la adjudicación de competencias por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

DATOS

Existen 1.200 operadoras de transporte interprovincial e intraprovincial en el país. En cuanto a conductores son más de 300.000 a nivel nacional.                 

Entre las medidas que se han cumplido -según el representante de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Napoleón Cabrera- está la asignación de 3.000 cupos dentro de la liberación de salvaguardias para la federación de transporte mixto.         

También está la asignación de nuevos cupos para llantas con exoneración arancelaria y control para el transporte internacional en las fronteras de Colombia y de Perú.   

Además está el establecimiento de nuevas disposiciones referente a pesas y medidas en lo que corresponde a transporte pesado. Y finalmente las disposiciones administrativas como créditos que fueron analizados.  En cuanto al subsidio de tarifas preferenciales el ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, recordó que los transportistas interprovinciales e intraprovinciales han sido beneficiados desde 2011, sumado a que hace poco y después de 12 años sin hacerlo, se elevaron las tarifas en un 25%.

“En estos últimos 4 años el beneficio ha sido de $ 354 millones, pero que, hoy dadas las condiciones económicas, no solo a nivel nacional sino mundial, no se ha considerado este rubro para el PGE de 2016. En una nueva oportunidad cuando mejore la situación se podrá hacer una revisión”, explicó Solís.  

Asimismo, la directora ejecutiva  de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), María Lorena Bravo, precisó que del total de la subvención de tarifas preferenciales contratadas hasta 2014 ($ 354 millones) para esos 2 tipos de transporte terrestre resta cancelar $ 51 millones, por lo ese es uno de sus compromisos.

“Como ANT vamos a cancelar este año los valores que están pendientes por este subsidio y el próximo presentaremos un informe a la presidencia para analizar qué decisión se toma a continuación”, declaró la funcionaria.

La gestión de los GAD

Otra de las principales preocupaciones del gremio recae en la gestión de los municipios un año después de haber asumido las competencias.

“En algunos municipios no nos han legalizado y en otros se han inventado una serie de normas que contravienen la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, como por ejemplo que se permita el transporte de estudiantes en el balde de las camionetas. Nosotros tenemos la norma INEN 141 que establece políticas de seguridad”, dijo el representante de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador (Fenatei), Oswaldo Guamán, quien mencionó a Pichincha como una de las provincias donde se dan este tipo de problemas.

De igual manera, Cabrera calificó como un “exceso de atribuciones” de los municipios el que se estén estableciendo altos costos para los permisos de operación: “Muchos GAD quieren convertir al transporte en su caja chica para financiar algunos de sus proyectos”, cuestionó Cabrera.

En este tema -según Bravo- la ANT logró entablar mesas técnicas con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) para brindar las capacitaciones legales y técnicas. Esto fue corroborado por el titular del AME, Daniel Avecilla, quien también aseguró que si existe alguna falta anticonstitucional se deberá seguir el procedimiento legal correspondiente.       

Por otro lado uno de los compromisos a los que se llegó con el Gobierno es la asignación de nuevos cupos para la liberación de salvaguardias a favor de las federaciones de transporte comercial como taxis, camionetas y transporte escolar, frente a las 324 unidades que ya se liberaron para la Fenatei y la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip). (I)