La Comisión de Gobiernos Autónomos tiene un plazo de diez días -contados desde ayer- para entregar al pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ‘ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos’, también conocida como ley de plusvalía.

Las comparecencias empezaron ayer con la participación de Fabián Albán, viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), y Ángel Torres, delegado de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).
El presidente de la Comisión, Richard Calderón, informó que se citó también para los siguientes días a representantes de las cámaras de la construcción y de los promotores inmobiliarios.

El texto actual tiene diferencias con el proyecto enviado por la Función Ejecutiva en junio de 2015. Una de ellas -explicó Calderón- es que la totalidad de lo recaudado por el impuesto a la ganancia extraordinaria obtenida en las transacciones inmobiliarias pasará a manos de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Dijo que con esos recursos se establece un fondo destinado exclusivamente a obras de agua potable y alcantarillado. También destacó que los municipios estarán obligados a actualizar sus catastros, lo cual sirve como herramienta para la planificación del desarrollo de las ciudades.

Albán destacó la necesidad de que los municipios sinceren los catastros porque su desactualización perjudica la recaudación de los gobiernos locales y afecta la ejecución de obras públicas.

En la actualidad, 130 cabildos están en proceso de actualización con ayuda de un crédito del Banco del Estado. No especificó a cuánto asciende esa cantidad.

La depuración del catastro contribuye a evitar la especulación del suelo, pero esto debe ir de la mano con la transparencia en los valores al momento de transferir bienes. Ambos factores podrían generar una ‘burbuja inmobiliaria’, como ocurrió en España y Estados Unidos.

Según establece el proyecto de ley, aquellas autoridades municipales que incumplan con la elaboración, tecnificación, desarrollo y actualización de los catastros de los predios, serán destituidas de sus cargos por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

Calderón indicó que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) ya estableció mecanismos de destitución cuando las autoridades locales no han utilizado adecuadamente los recursos públicos.

“Si los alcaldes actúan bien, de acuerdo a sus responsabilidades y atribuciones, no deben tener ninguna preocupación”, advirtió el legislador. Recordó que las normativas vigentes ordenan la actualización regular del catastro.

El asambleísta Henry Cucalón (PSC-MG), quien también es miembro de la Comisión, calificó al proyecto de ley como “un nuevo zarpazo tributario”.

Dijo que el Gobierno Nacional pretende despojar parte del patrimonio a aquellos ciudadanos que quieren vender un inmueble.

Afirmó que esto atenta contra el afán de prosperar y progresar.

Al ser consultado sobre cómo se afectaría al sector de la construcción si la norma excluye del impuesto a constructores y promotores inmobiliarios, respondió que la ley no evita la especulación sino que paraliza la construcción. A su juicio, la norma hace un trabalenguas en lo referente a las exenciones para los empresarios involucrados y perjudica a quien compra el bien inmueble y luego desea venderlo por cualquier motivo. “Lo vende, viene el Estado y le confisca hasta el 75% de esa ganancia”, manifestó.

Hasta el cierre de esta edición continuaba la intervención del funcionario del Miduvi y se esperaba la participación de un representante de la AME. (I)