El Ministerio de Trabajo publicó ayer la tabla que fija el piso y el techo de los sueldos de los funcionarios de los municipios y prefecturas del país. Para el caso puntual de los 221 cabildos se realizó una clasificación, según el tamaño de cada ciudad. El acuerdo ministerial 0041 se emitió luego de que el presidente de la República, Rafael Correa, denunciara en varias ocasiones que hay alcaldes que ganan cantidades exorbitantes.           

Los municipios han sido divididos en 4 categorías (A, B, C y D). El salario mensual más alto que pueden percibir es de hasta $ 5.510 en el primer nivel, al que solo pueden aspirar los personeros municipales de Quito y Guayaquil, las ciudades más grandes del país y que tienen más de 2 millones de habitantes cada una.

Si se toma en cuenta esta regulación al alcalde capitalino, Mauricio Rodas, le tocará bajarse $ 340 puesto que actualmente gana $ 5.850.   

También habría reducciones en las otras categorías. Uno de los casos más extremos es el del alcalde de Quevedo, Jorge Domínguez, quien gana solo $ 1 menos que el presidente Rafael Correa ($6.957). Este municipio está en el grupo B, en donde hay 19 ayuntamientos. En este puesto lo mínimo que pueden ganar los alcaldes es $3.798 y lo máximo $ 5.009, es decir que el burgomaestre quevedeño dejará de percibir $ 1.947 mensualmente.

Aunque los gobiernos autónomos descentralizados son independientes, la rectoría en cuanto a los sueldos en el país le corresponde al Ministerio de Trabajo. En el acuerdo que emitió ayer la cartera de Estado se especificó que los sueldos de los concejales serán determinados como consta en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización (Cootad).

En los cabildos es el Concejo Municipal el que aprueba los sueldos de los burgomaestres y en base a ese rubro se determina la remuneración de los ediles.

El Jefe de Estado señaló como un error de la ley este mecanismo puesto que siempre los concejales van aprobar el aumento porque les beneficia. Mientras que el titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Pabel Muñoz, calificó como “un despropósito” que haya alcaldías y prefecturas donde se gane más que en la Presidencia de la República.

El ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, recordó que la única entidad que debe regular y normar las remuneraciones mensuales es la cartera que preside y que por lo tanto todo lo dispuesto en estos acuerdos es de obligatorio cumplimiento, ya sea para asambleístas, alcaldes, prefectos y funcionarios de libre remoción. En total son 6.500 personas las que verán reducidos sus salarios.

Además se enfatizó que no habrá reducciones de salarios para los trabajadores públicos y que las únicas rebajas en las remuneraciones mensuales serán para los altos mandos, desmintiendo así opiniones vertidas por sindicalistas.

Para el caso de asambleístas y parlamentarios andinos la remuneración quedó establecida en  $ 5.009 (antes ganaban $ 6.000).

En el caso de los gobiernos autónomos el dinero que ahorren por esta reducción iría al presupuesto de cada municipio, lo que les permitiría tener mayores ingresos para cada población. Mientras que en el Gobierno servirá para contratar a médicos que luchen contra la mortalidad materna.

Cabildos no cumplen con la Lotaip

La lista de los sueldos de los 221 alcaldes del país no es tan fácil de conseguir. En septiembre pasado Correa, en un enlace ciudadano, publicó el sueldo de solo 17 burgomaestres. Este Diario consultó con la AME sobre si tenía la nómina. Un funcionario de esa entidad dijo que no.

Igual pedido se efectuó a la Secretaría de la Gestión Política, que se encarga de la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos. Ellos tampoco manejan esos datos. Todas las entidades refirieron al Ministerio de Trabajo, a quien se le solicitó información pero no hubo una respuesta hasta el cierre de esta edición.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) ordena a todas las entidades públicas o que reciban fondos del Estado  publicar, entre otros datos, la lista completa de remuneraciones de todos los cargos.

Pero en los municipios el nivel de incumplimiento de esta norma es inmenso. Al menos el 68% de ellos no publica esa información o simplemente no tienen un portal web. Poseer una página electrónica también es una obligación estipulada en la Lotaip. La misma norma señala a la Defensoría del Pueblo como la institución encargada de velar por su cumplimiento.

Cuando esta institución encuentra una falta se notifica a la Contraloría para que inicie una investigación oficial. Allí se determina si hay o no responsabilidades, si las encuentran el caso se deriva a la Fiscalía, que a su vez abre una indagación previa.  

Entonces se repite el proceso: si se hallan delitos se inicia una acción penal, ante un juez que puede o no emitir una sentencia. La Defensoría del Pueblo no tiene un mecanismo legal para hacer cumplir la Lotaip.

Prefectos deben bajar sus sueldos

El Acuerdo Ministerial 0040, que fue publicado ayer, especifica que todos los prefectos del país deben ganar hasta $ 5.510. Con esta disposición les tocará a 16 prefectos disminuir sus ingresos, puesto que  ganan más de esa cantidad. El que más cobra es el de Chimborazo, Mariano Curicama, quien recibe $6.957 Y el único que está dentro del rango permitido es el de Pichincha, Gustavo Baroja, cuyo sueldo es $5.280, aunque queda pendiente conocer los ingresos de los representantes de 6 provincias que no cuentan con la información publicada en la web.

Contratación de médicos

El secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Pabel Muñoz, descartó que el decreto ejecutivo que rebaja los sueldos en los altos cargos públicos se deba exclusivamente a la caída del precio del barril de petróleo.   

En realidad, dijo, la decisión se basa en una meta superior del Gobierno en el ámbito de la salud: la reducción de la mortalidad materna. Con la medida ordenada por Correa, el pasado martes, se prevé recaudar entre $ 21 y $ 36 millones. El monto dependerá de las decisiones que se vayan tomando, puesto que otras entidades, independientes a la Función Ejecutiva, se podrían sumar.     

De hecho, el miércoles el bloque legislativo de PAIS en la Asamblea expresó su respaldo a la iniciativa.  Pero Marx Carrasco, en la conferencia de prensa de ayer, dijo que el Gobierno tiene la atribución para definir los sueldos de los legisladores.

El Presidente de la República además ha solicitado información referente a las empresas públicas, donde también se ejecutaría la disminución salarial en los próximos días. Sin embargo, en esta instancia se respetarán las condiciones del mercado. Durante el periodo de este gobierno se han creado 49 entidades públicas como ministerios coordinadores, entre otros, pero eso no significó un crecimiento burocrático porque al mismo tiempo se cerraron 101 entidades.