La participación ciudadana en la toma de decisiones en asuntos de interés público es aún una materia pendiente. Las herramientas están dadas: la Constitución, las leyes que se han elaborado a partir de ella y hasta la institución creada para fortalecer este mecanismo. A pesar de todo esto, la mayoría de ecuatorianos aún no se empodera de este mecanismo ¿Por qué?

Para la consejera del Cpccs, Marcela Miranda, esta conducta del ecuatoriano promedio tiene su génesis en el sistema neoliberal que imperó en el país desde hace más de 50 años, cuando se impuso una cultura de falta de solidaridad.

“Esta práctica está presente en el colectivo ciudadano de forma muy arraigada, además de la falta de asumir la responsabilidad frente al otro individuo”, sostiene Miranda, quien considera que cambiar esta visión no es fácil ni rápido, y requiere de todo un proceso y tiempo.

“Esta lucha no solo es en Ecuador sino incluso en América Latina y la podrán disfrutar las nuevas generaciones, pero si no recuperamos la memoria de estas luchas y despertamos en los jóvenes el sentido de solidaridad es imposible que ellos, por muy titulados que sean, cambien nuestro país y nuestra América Latina”, advierte la consejera.

Tras la aprobación de la Carta Magna en 2008 se estableció a la participación ciudadana como un derecho y para facilitar estos procesos la Asamblea Nacional integró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) como parte de la función de Transparencia.

En marzo de 2010 se posesionaron los primeros consejeros tras un proceso de selección entre representantes de organizaciones sociales y ciudadanos que de manera individual participaron en un concurso de méritos y oposición.

En forma simultánea la Asamblea fortaleció esta práctica con la Ley de Participación Ciudadana. Así quedó conformada la nueva institucionalidad del país.  

Han pasado más de 4 años y durante ese recorrido comenzaron a establecerse veedurías y observatorios ciudadanos. Paralelamente, el Cpccs ha trabajado en la conformación de otros mecanismos, específicamente formando a ciudadanos para que sean parte de asambleas locales.

Tras los resultados del plan piloto del índice de transparencia pública que efectuó en 2013 el Cpccs, se determinó que uno de los desafíos es el fortalecimiento de la participación ciudadana.

En las 4 mediciones efectuadas con más de 4.000 encuestas en 12 ciudades del país, los resultados de transparencia indicaron que en participación ciudadana los datos son inferiores a los restantes índices (acceso a la información pública, gestión institucional y rendición de cuentas).

Cada índice tuvo un puntaje máximo de 25. En participación ciudadana los resultados apenas superaron los 9 puntos, dejando en claro que los ciudadanos aún no están comprometidos con el quehacer de las instituciones públicas.

Otro tema, según Miranda, que dificulta un rápido proceso de participación de los ciudadanos es que ese mismo sistema neoliberal acostumbró a los ecuatorianos a creer que el Estado no servía para nada  o a que todo se lo den hecho “como si fuéramos seres inútiles e incapaces”. Es justamente esa cultura la que se trata de revertir con estos procesos.  

Es importante hacer políticas y construir una parroquia, un cantón o un recinto desde la misma óptica ciudadana y no desde un escritorio. Por ello las normativas y herramientas creadas posibilitan que desde los liderazgos haya cambios de actitudes.

Desde su conformación, el Cpccs ha concentrado gran parte de su trabajo en los procesos de selección y designación de autoridades, con varias metodologías que incluyen la parte administrativa, financiera y hasta política.

Otra de las actividades del Cpccs ha sido la capacitación a colectivos en cursos de Participación Intercultural, de Transparencia, Rendición de Cuentas y Ética Pública. “Vamos avanzando aunque lentamente, pero seguros de que los procesos que llevamos adelante no son inmediatos, son procesos que perduran y hacen historia”, sostiene Miranda.

Balbina Alvarado, coordinadora provincial en Guayas del Cpccs, considera que de a poco se despierta el interés. La gente se organiza en el barrio o en el cantón, pero muchas veces el desconocimiento sobre sus derechos de participación influye en la poca presencia ciudadana en el empoderamiento de las diferentes herramientas. Formula un llamado a los medios para que difundan estos mecanismos porque son un derecho constitucional.

Desde la página web del Cpccs, es posible leer las veedurías ciudadanas en trámite y las aceptadas, por ejemplo. El ciudadano también puede postularse para una veeduría en particular.

DATOS

En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana están consagrados los diferentes mecanismos a los que tiene derecho la población para ser parte de la gestión pública, sea en forma individual o colectiva.

Las audiencias públicas son habilitadas por iniciativa de la autoridad responsable o por pedido ciudadano para atender peticiones de la población y fundamentar acciones y decisiones del gobierno local.

Otras herramientas son los cabildos populares. Mediante convocatoria abierta a la ciudadanía hacen sesiones públicas para discutir asuntos de la gestión municipal. Tienen un carácter consultivo y no toman decisiones. La convocatoria debe señalar objeto, procedimiento, fecha, hora y lugar.

También está la silla vacía. En las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados habrá una silla vacía que será ocupada por un ciudadano para participar en debates y toma de decisiones con derecho a voz y voto. Tiene responsabilidad civil y administrativa.En este caso el ciudadano es escogido de las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas.

Las veedurías están destinadas al control de todas las funciones del Estado, niveles de gobierno, instituciones privadas que manejan fondos públicos y personas naturales o jurídicas privadas que prestan servicio de interés público.

Los observatorios son grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tienen conflicto de interés con el ente observado. Elabora diagnósticos, reportes e informes con criterios técnicos para evaluar, impulsar, y vigilar el cumplimiento de las políticas.