Una demanda de inconstitucionalidad a los decretos 229 y 230, que entregó el miércoles el Ejecutivo al Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó ayer un grupo de 23 asambleístas afines al expresidente Rafael Correa ante la Corte Constitucional.

Los decretos disponen al organismo que convoque a consulta popular directamente, sin esperar el dictamen constitucional, de allí que el grupo de legisladores apuraron el trámite, según dijeron, para “detener el golpe a la institucionalidad constitucional y a nuestro sistema democrático”.

En el documento exponen que la convocatoria a una consulta popular, sin el dictamen previo de la Corte Constitucional, evidencia “un duro golpe al Estado constitucional de derechos”.

A la corte asistieron Marcela Aguiñaga, Doris Soliz, Esteban Melo, Franklin Samaniego, entre otros,  quienes coincidieron en que no se toma en cuenta que el dictamen previo tiene funciones de relevancia constitucional incomparables.

Según Aguiñaga, se debe asegurar que el procedimiento de convocatoria sea respetado, que la autoridad que convoca sea la competente, así como que la libertad del elector esté asegurada y que las preguntas estén adecuadamente formuladas para que no produzcan confusión al votante.

A su criterio, los decretos emitidos por el Presidente contradicen la independencia de funciones “que él mismo anunció públicamente que respetaría y hoy demuestra todo lo contrario. Se ataca a una de las funciones fundamentales de la Corte Constitucional en su rol de guardiana de la Constitución”.

Por ello piden que se suspenda la vigencia de los Decretos Ejecutivos 229 y 230 y se comunique inmediatamente acerca de esto al CNE para que se abstenga de convocar a una consulta popular.

Aguiñaga sostuvo que defienden los intereses de las mayorías y el estado de derecho. Además no descartan un pedido de juicio político contra el Primer Mandatario. “El artículo 130 de la Constitución señala que arrogarse funciones de la Corte puede ser causal de destitución”, dijo Esteban Melo. (I)