El 27 de febrero de 2018 la zona de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, conoció el terror.
Un coche bomba explotó a la 01:40 de la madrugada en la parte posterior del cuartel de Policía, ubicado en la calle principal de la urbe.

La onda expansiva destruyó el edificio y afectó alrededor de 37 casas a 50 metros a la redonda.
La detonación hirió a 5 policías y 32 civiles reportaron afectaciones físicas de diferente consideración.

Las investigaciones sobre el atentado apuntaron de inmediato a Walter Arizala, alias “Guacho”, quien lideraba la disidencia del “Frente Óliver Sinisterra” de las  FARC, dedicado al narcotráfico.

El delincuente logró escabullirse y en marzo del mismo año volvió a golpear con el secuestro de los tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio. Luego Arizala fue asesinado en Colombia, al otro lado de la frontera, detallaron las autoridades.

Esta situación movió al Estado. El presidente Lenín Moreno emitió un decreto de emergencia que dispuso un toque de queda en toda la zona y el despliegue de policías y militares para asegurar el territorio.

El mafioso se refugió en la zona rural de Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador, pero en diciembre de 2018 fue cercado y abatido por el ejército colombiano.

Ante estos hechos en San Lorenzo se incrementó el personal con 3 oficiales superiores y 300 hombres, para cubrir la seguridad de los 42 mil habitantes.

Además el Gobierno invirtió alrededor de $ 1,2 millones en la reconstrucción del cuartel policial y las Fuerzas Armadas aumentó el personal en todo el cordón fronterizo de Esmeraldas.

Por eso al cabo de dos años del atentado terrorista, la calma ha vuelto al territorio, afirmó el coronel de Policía Alain Luna, jefe de ese distrito.

Luna comentó que han intensificado los controles lo que ha permitido bajar la violencia.

En 2018 se reportaron en la provincia 74 muertes violentas y en 2019 la cifra bajó a 62, pero en San Lorenzo en 2019 se registraron 17 asesinatos, mientras que en el 2018 hubo 10, indicó Luna.

El oficial explicó que esto se debe a que existen personas que se dedican al comercio informal y  a abastecer de productos a grupos irregulares de Colombia, lo que genera disputas por el control de los negocios ilícitos.

No obstante, mostró su preocupación por la habilitación del puente de Mataje que conecta con Tumaco en Colombia. “Necesitamos  vigilar intensamente para evitar el contrabando”, apuntó.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que esta zona es muy complicada, “hemos logrado un control bastante positivo a pesar de que colindamos con municipios colombianos con tasas altas de violencia que difieren de la realidad del Ecuador”.

Además, el territorio al otro  lado del puente de Mataje, “tiene la mayor densidad en cultivos ilegales, así que para nosotros es una preocupación”, dijo.

Por ello se tomaron medidas de seguridad como el cierre del paso por el puente en las noches. (I)