Asegurar la igualdad económica de las campañas en la contienda electoral es una condición indispensable para la voluntad popular y la toma democrática de decisiones. Es por ello que el integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, impulsa el seminario internacional: "El financiamiento de las elecciones: lo permitido y lo prohibido”. Un encuentro virtual, que inicia hoy y termina el jueves, y contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales, expertos en fiscalización electoral con amplia trayectoria en el tratamiento de temas anticorrupción.

El seminario sobre financiamiento electoral está compuesto de seis mesas de trabajo en las que se abordarán los siguientes temas:

Lo permitido en el gasto electoral; la contabilidad del gasto electoral; acciones anticorrupción en Ecuador en el ámbito electoral; lo prohibido en el gasto de campaña; los controles para el financiamiento de la política durante la precampaña, campaña y post-campaña; y acciones anticorrupción en Ecuador en el ámbito nacional.

Los interesados en participar en el Seminario Internacional. El financiamiento de las elecciones: lo permitido y lo prohibido, podrán registrarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3pM2weg. Luego de realizado el registro recibirán el link de acceso directo al evento.

“Las diversas tramas de corrupción relacionadas con las elecciones demostraron las debilidades del sistema electoral para identificar, procesar y sancionar irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales". ¿Cómo evitar que la financiación electoral sea “un agujero negro” en el que los partidos y sus candidatos gasten más de lo que reporten? ¿Qué tipo de mecanismos son adecuados para corroborar la licitud de los dineros ingresados en la campaña electoral? ¿Cuál es el papel que debe cumplir la sociedad civil frente al financiamiento de las elecciones? Son algunas de las interrogantes que se esperan responder en este seminario dirigido a  partidos y movimientos políticos –principalmente a los candidatos y responsables del manejo económico de las campañas –, a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”, enfatizó el consejero Verdesoto.

A criterio de la autoridad, la fiscalización electoral debe ser analítica y comprometida con la transparencia de las elecciones. Asimismo debe ser asistida por una adecuada normativa, especialmente, reglamentos que deben ser consensuados con la sociedad política y la sociedad civil. Su propuesta al Reglamento para Fiscalización y Control del Gasto Electoral fue acogida en lo sustantivo por la Dirección de Fiscalización del CNE, con lo cual se espera que en las próximas horas entre a debate en el pleno del Organismo Electoral para su aprobación.

Algunos hitos a destacar del Reglamento para Fiscalización y Control del Gasto Electoral que será puesto en conocimiento del Pleno del CNE y que recoge las propuestas del Consejero Luis Verdesoto son:

Control de aportes recibidos para la campaña electoral reportados por las organizaciones políticas quincenalmente y publicados en la página web del CNE y permitiir que la ciudadanía conozca de forma clara y transparente cómo se financia las campañas electorales. También fortalecer el control del origen de aportaciones, por medio de la Unidad Complementaria Antilavado creada por el CNE, presentación del formulario de origen de fondos por cada  $10.000 de aportes individual o consolidados; prohibición de aportaciones obligatorias ( es decir las autoridades no pueden obligar a sus funcionarios o servidores a realizar aportaciones para alguna campaña electoral); presentación de presupuesto de campaña electoral. Además, prohibición de doble o múltiple contabilidad, sancionada; reporte de la totalidad de los gastos incurridos para la campaña electoral; reporte de gastos realizados en redes sociales, verificados mediante cruce de información con los convenios realizados entre el organismo electoral y las operadoras de redes sociales;  y control de publicidad realizada por las entidades del estado, las cuales no deben superar el 30% de los gastos realizados en publicidad del año anterior a la convocatoria a elecciones