Por incitar públicamente a agredir a la fuerza pública, el presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, A. Wachapá, fue detenido ayer mientras se encontraba en las oficinas de la institución.

Esto ocurre luego de que la semana pasada se registró el ataque armado por parte de un grupo de indígenas shuaras al campamento minero Panantza-San Carlos, situado en las parroquias de San Miguel de Conchay y Santiago de Panantza, cantón San Juan Bosco y Limón Indaza, provincia de Morona Santiago. El incidente dejó un policía muerto (José Luis Mejía Solórzano, de 29 años) y 7 heridos: 2 militares y 5 policías. Por ello, el Gobierno declaró el Estado de Excepción.

San Carlos Panantza comprende una superficie de 41.760 hectáreas. Es un proyecto minero principalmente de cobre, concesionado a la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA). Tendrá una vigencia de 25 años.

Unos 200 comuneros de la etnia shuar ocuparon el campamento minero de forma violenta y con armas de fuego. Las organizaciones provinciales NAE, Ficsh, Nashe; regionales Confeniae, y nacionales como la Conaie expresaron su apoyo  a la medida adoptada.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía y la Policía identificaron que el ataque fue liderado por Luis Tiwiram y Domingo Nayash, quienes portaban armas de fuego.

Ciudadanos shuar, liderados por Tiwiram, Claudio Washicta y José Esach, realizaron el ataque del campamento escondidos entre la maleza y haciendo uso de armas de fuego y dinamita. Por eso el Ministerio del Interior presentó una demanda penal contra los agresores.

El presidente Rafael Correa destacó: “Un policía tiene un perdigón en el cerebro, eso es delito de asesinato, lleguemos a un consenso mínimo, hay que rechazar la violencia venga de donde venga (…) Hubo una socialización y fueron desalojados en agosto para que pueda funcionar esta empresa (minera) que es inversión extranjera. No perdamos la cordura, mantengamos un límite y rechacemos la violencia”.

El ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, dijo que se halló pólvora y cartuchos recargables de munición de escopetas. “Eso refleja que hubo preparación para atentar contra la vida de nuestros servidores públicos. Están identificados los líderes que organizaron a estos grupos. Es uno minúsculo, pero muy violento”.

Reveló también que se determinó que medios de comunicación locales incitan también a la violencia, lo que no se debe permitir.

Última captura

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) rechazó, a través de sus dirigentes, la detención de Wachapá, además cuestionaron que las oficinas de dicha organización, ubicadas en el cantón Sucúa, hayan sido allanadas.

El ministro del Interior, Diego Fuentes, confirmó ayer la detención del dirigente indígena, la cual se suma a la captura de otras 6 personas implicadas en el ataque al campamento minero.

Fuentes dijo que el detenido está a órdenes de la justicia por el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos, que investiga la Fiscalía de Gualaquiza. Antes de ello fue trasladado al Hospital Misereor para su valoración médica, constatando su estado de salud.

El operativo se desarrolló a las 00:15 de ayer y contó con personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Criminalística, Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía, en cumplimiento a la orden de allanamiento emitida por Angie Mercy Troya, jueza de la Unidad Policial Multicompetente de Sucúa.

La disposición judicial exige que se cumpla el allanamiento de las instalaciones de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y se “incauten objetos relacionados con el hecho que se investiga, tales como materiales explosivos, armas artesanales o no, pólvora, municiones, panfletos, computadoras, cámaras fotográficas, videograbadoras, celulares, tabletas, comunicaciones, actas, que pudieran ser utilizadas para perpetrar actos en contra de la vida e incitar enfrentamientos armados que conmocionan el orden interno y la seguridad ciudadana en general”.

Al notar la presencia policial en el lugar -según añadió el ministro- Wachapá trató de huir, ingresando al domicilio contiguo, sin embargo, fue capturado. Al momento de la detención, incluso, se identificó con el nombre de ‘Ángel’, “mostrando poca colaboración y resistiéndose al cumplimiento de la orden judicial”.

La aprehensión fue comunicada a  sus familiares cercanos, quienes constataron que no hubo ninguna vulneración a sus derechos y que se dio bajo los parámetros de la ley. (I)

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Constitución reconoce a comunas

El territorio define a los shuar y kichwa

La Amazonía ecuatoriana ha sido un territorio de permanentes disputas sociales y simbólicas. En el anterior siglo la ampliación de la frontera económica y la intervención estatal, religiosa y de organizaciones no gubernamentales han alterado las prácticas comunitarias de los pueblos y nacionalidades, afectando la cosmovisión que tienen de su espacio vital.

Una de las nacionalidades con mayor presencia en la Amazonía son los shuar, de quienes es difícil definir su origen. El misionero Alfredo Germany ha señalado que los shuar son el resultado de la fusión de un grupo amazónico de la lengua arawak con un grupo de la lengua Puruhá-Mochica. Caracterizados por ser un pueblo guerrero con arraigo territorial, se han asentado, sobre todo, en Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

En el caso de Sarayaku, comparten territorio con uno de los pueblos de la nación kichwa, quienes llegaron a la Amazonía desde la Sierra por los procesos migratorios locales. Si bien ambas nacionalidades comparten territorio, no así su lengua y su genealogía histórica.

Las áreas de mayor población de los kichwas amazónicos y de los shuar son Canelos, Sarayacu y otros caseríos a lo largo del río Bobonaza. “El territorio es el espacio de vida de los pueblos de la floresta tropical, en este caso de los shuar. Sin territorio no tendrían vida. De ahí su necesidad de asumir con vigor esta disyuntiva: o con territorio o muertos”, reflexionaba la antropóloga Fernanda Vallejo.

En el artículo 57 de la Constitución ecuatoriana se indica que se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas la conservación de “la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos”. En el numeral 11 se dice que no serán desplazados de sus tierras ancestrales; y en el numeral 10 se señala que se debe “(...) aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

“Para estas nacionalidades, a pesar de todo lo que ha hecho el Estado -es decir, pacificar o establecer otros mecanismos de colonización y sujeción-, nunca lo reconocerán. Les ha costado muchísimo establecer un vínculo con el Estado-Nación, pues para ellos representa todo lo peor que les puede suceder. Porque incluso, en el caso del norte, con las petroleras, han llegado a arreglos horribles.

El Estado para los pueblos es el símbolo del poder que despoja”, indica Vallejo, quien sugiere que para resolver las actuales controversias territoriales el Estado debe retirar el estado de excepción (en Morona) y sentarse a hablar con las comunidades, “y mejor si es que todo esto está mediado por terceros”. (I)