El artículo 219 de la Ley Orgánica Electoral (Código de la Democracia) es contundente. En su cuarto inciso establece la prohibición de que en las instituciones del Estado se soliciten aportaciones obligatorias para un partido, movimiento político o candidatura.

Este cuerpo legal entró en vigencia en 2009, pero hasta la fecha ninguna organización política ha sido investigada por estas prácticas.

El asambleísta Patricio Donoso (movimiento CREO) cree que esta disposición es suficiente para sancionar a quienes, de alguna manera, se aprovecharon de sus cargos para exigir a sus colaboradores un porcentaje de sus salarios.  

“La ley debía cumplirse”, recalca el legislador y ve en la conformación hegemónica que tuvo el Consejo Nacional Electoral (CNE) la causa para que no se castiguen estos abusos.

Ahora estos cobros conocidos como “diezmos” han pasado al ámbito penal.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado tiene abiertas cinco investigaciones por este caso, incluida una contra la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña.

Uno de sus asesores durante su primer período como asambleísta (2011-2013), Ángel Sagbay, asegura que fue obligado por Vicuña a entregar parte de su salario con la finalidad de financiar a la organización Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), un movimiento satélite de Alianza PAIS y del cual la Segunda Mandataria es una de sus dirigentes.

En una entrevista en radio Majestad, la Vicepresidenta sostuvo que las contribuciones que realizó Sagbay fueron voluntarias y depositadas en su cuenta personal porque ABA no tenía una cuenta oficial.

Además, dijo que en ese momento ella era responsable de reunir las contribuciones de los militantes para luego utilizarlas en temas relacionados con el movimiento político. ABA se creó por Leonardo Vicuña, padre de la Segunda Mandataria y desde 2006 unido a Alianza PAIS electoral y políticamente.  

Este jueves 29 de noviembre, su sede en Guayaquil estaba cerrada, pero a través de redes sociales los adherentes expresaron su respaldo a la Vicepresidenta.

Mientras tanto, una de las primeras acciones que tomará la fiscal general (e) Ruth Palacios será verificar los movimientos bancarios. De acuerdo con Sagbay, él depositó valores entre los $ 300 y $ 1.400 durante su permanencia en el despacho de Vicuña.

La Segunda Mandataria, por su parte, aseguró que presentará una contrademanda, pero que por estrategia jurídica no entregaba detalles.

Recalcó que respetará la indagación de la Fiscalía. “Como demócratas que somos y con el respeto a la independencia de funciones, tengan la seguridad de que deberá resolverse cada aspecto en un proceso de investigación”, aseveró antes de viajar a Guayaquil. (I)