La Asamblea Nacional aprobó anoche con 77 votos la resolución en la que exige la renuncia a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Mientras que 24 legisladores de Alianza PAIS (AP) se abstuvieron.

La decisión se tomó luego de la propuesta que presentó en la mañana de este jueves 29 de noviembre el legislador Fabricio Villamar, de las filas de CREO, previo al inicio de la jornada parlamentaria.  

Las fuerzas políticas de la Asamblea, con excepción de Alianza PAIS, aprobaron el cambio de orden del día para incluir en el debate la propuesta en contra de la Vicepresidenta. Además del exhorto de renuncia, la propuesta incluye que se publique la resolución en los diarios de mayor circulación a nivel nacional.

Establece que el artículo 233 de la Constitución tipifica que “ninguna servidora o servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones y que será responsable  por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”.

También señala que el artículo 24 de la Ley de Servicio Público prohíbe solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones para sí o sus subalternos. Además hace alusión al reportaje del canal de televisión Teleamazonas sobre el presunto cometimiento del ilícito por parte de la Segunda Mandataria cuando era asambleísta al pedir contribuciones a su excolaborador Ángel Sagbay Mejía.

La denuncia del exasesor indica que obligatoriamente él debía contribuir al movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), primero, con $ 300 mensuales por un año; y luego, como asesor nivel 1, con $ 1.400.

Los depósitos habrían alcanzado cerca de $ 20.000 en la cuenta corriente, cuyo titular es María Alejandra Vicuña.

La Segunda Mandataria, en declaraciones efectuadas el 27 de noviembre, sostuvo que las acusaciones eran una infamia y que los aportes para las organizaciones políticas constituían un deber como militantes, no obstante, según la propuesta de resolución no presentó las pruebas de descargo.

Se recordó que la Ley Orgánica Electoral (Código de la Democracia) establece que los aportes a las organizaciones políticas por parte de sus afiliados o adherentes, de manera periódica deben ser debidamente registrados en la contabilidad de la organización, mas no depositados a las cuentas personales de los adherentes, afiliados o dirigentes de la organización política.

De allí que en la resolución se incluye que lo actuado se configura en el delito de concusión, tipificado en el  artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que señala que los servidores públicos que ordenen o exijan contribuciones sueldos o gratificaciones no debidas serán sancionados con pena privativa de 3 a 5 años.

En el documento que presentó Villamar constaba el respaldo de legisladores de los bloques socialcristiano, de Integración Nacional, de SUMA e incluso una rúbrica de Revolución Ciudadana.

Juicio político

Villamar sostuvo que no solo existen las firmas requeridas, sino las evidencias para un eventual juicio político contra la Vicepresidenta, el cual incluyó 58 firmas de respaldo.

No obstante, Villamar advirtió de un contratiempo en este proceso, ya que no existe en el país Corte Constitucional. Según la Constitución, este órgano debe emitir un informe sobre la viabilidad de la censura.

La iniciativa de Villamar de que se incluya su propuesta en el orden del día tuvo el voto favorable de 87 legisladores.

La bancada de Alianza PAIS se abstuvo, incluida la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. (I)