La prioridad legislativa ahora es la Ley de Tierras. Que la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, haya estado en la primera jornada de socialización en Guayaquil lo muestra.

La actual Asamblea tiene un paquete de leyes para reactivar el agro. La Ley de Recursos Hídricos fue la primera y ahora viene la de Tierras. Luego se tramitarán las normas de Semillas, Agrodiversidad, Pesca y otras más que están en una agenda diseñada a inicios de año.

El presidente de la República, Rafael Correa, ha reconocido que el agro es una de las principales deudas de su gestión. Rivadeneira lo repitió el martes pasado, en el puerto principal. Por eso, para ponerse al día presenta este proyecto, que espera se empate con el cambio de la matriz productiva, que impulsa el vicepresidente Jorge Glas.

La tarea está en manos de la Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por Miguel Carvajal. Es un experimentado en el tema pues fue viceministro de Desarrollo Rural en la cartera de Agricultura. Tanto así, que varios de los dirigentes campesinos, reunidos en el auditorio de la Corte Provincial del Guayas, lo saludaron.

La Ley de Tierras tiene su génesis en 2012, cuando la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) entregó un proyecto respaldado por 41.780 firmas. El respaldo convirtió al texto en una iniciativa popular por lo que la Asamblea debía tratarlo máximo en 6 meses. Es la única ley que ha tenido esta categoría desde la aprobación de la Constitución de Montecristi.

Pero era la época en que PAIS era el bloque mayoritario, pero no lo suficiente para aprobar normas por cuenta propia. La ley quedó estancada hasta que se reactivó con la mayoría oficialista que se instaló el año pasado.

En total se presentaron otros 4 proyectos más. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ordenó unificar todas las iniciativas. Rivadeneira contó que la de la Fenocin fue la base. “Tuvimos cerca de 45 reuniones con organizaciones y una veintena más con otros sectores para redactar el texto borrador que hoy está en sus manos, que fue aprobado el 2 de octubre”, indicó Carvajal en la última jornada de socialización, que se efectuó el viernes, en Quito. Pero esta ley tiene puntos clave que surgieron en la primera jornada de socialización.

Simplifica trámites

Cuando alguna asociación reclama alguna tierra, el procedimiento es tortuoso. El marco legal vigente creó para este propósito el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), hoy desaparecido. Las carpetas van de oficina en oficina y en ocasiones saltan a los juzgados, volviendo al trámite en interminable.

Los directores regionales revisan cada expediente. Y a veces este llega hasta el ministro de Agricultura.  Según cifras de la comisión, más de 30 mil procesos no han sido resueltos por la Subsecretaría de Tierras. Frente a eso los legisladores aseguran que la propuesta actual simplifica trámites y crea un régimen administrativo de nuevas tierras. Todo ello con el propósito de ayudar al campesinado.

Unidad Productiva Familiar

El siguiente punto es cuánto le tocará a cada campesino. Los asistentes en Guayaquil se quejaban de que el Plan Tierras les da solo 5 hectáreas por familia, lo que consideran insuficiente. Algunos dirigentes pidieron un mínimo de 30. Y fue allí cuando se produjo una de las grandes discusiones.

Carvajal aclaró que la ley no da cifras exactas sino que establece la Unidad Productiva Familiar. La productividad de una tierra depende de muchos factores, como su estado, ubicación, acceso al agua, entre otros aspectos. No es lo mismo una propiedad en el llano costeño a otra en el páramo serrano.

Por eso lo que la Ley de Tierras garantiza es que el agricultor pueda obtener al menos dos salarios mínimos vitales al mes, además de su subsistencia alimenticia. “Las hectáreas dependerán de la zona”, añadió Carvajal.

Propiedades improductivas

La ley combatirá las propiedades rurales que no tengan un fin productivo. Cuando sea identificada una tierra con estas características entonces las autoridades darán un plazo para que su dueño demuestre que está en uso.

La propiedad de la tierra rural deberá cumplir con la función social. Esta implica la generación de empleo, la redistribución equitativa de ingresos, la utilización productiva y sustentable de la tierra rural, para garantizar el abastecimiento interno de alimentos sanos y fortalecer las capacidades de exportación agropecuaria.

El vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, aclaró que en las superficies grandes de tierras se hará una evaluación del cumplimiento social y ambiental. En el caso de que no se cumpla con ello, se da un plazo de 2 años para que se mejore.

Para esto se creará el Fondo Nacional de Tierras que, según el borrador, es un instrumento que intervendrá en las políticas redistributivas para el acceso equitativo a la tierra por parte de asociaciones legalmente reconocidas de productores de la agricultura familiar campesina. Y al mismo tiempo ayudará a fortalecer la soberanía alimentaria y contribuirá a democratizar el acceso a la tierra.

En ese sentido, este fondo financiero evaluará a las tierras para comprarlas. Proaño aclaró que a nadie quitará las tierras.

El legislador explicó que para acceder a los programas de redistribución de tierra, las organizaciones de campesinos contarán con un proyecto productivo que tendrá asistencia y seguimiento técnico.

Sobre las reglas de titularización de las tierras, también explicó que primero se descentralizará a través de los municipios para agilizar el trámite. Una vez que tengan el título, los ciudadanos pueden poner en garantía y pedir préstamos para que tengan opciones de programa para mejorar su productividad.

“Seguramente habrá otros temas que sean importantes que pudieron quedar fuera del articulado. Por eso, queremos que ustedes, desde sus experiencias en el campo, expongan sus puntos de vista, comentarios y opiniones”, dijo Carvajal referente a la socialización.

Al menos 2 organizaciones apoyan proyecto

La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y otras organizaciones sociales se pronunciaron públicamente, la semana anterior, en dos ocasiones para precisar su apoyo a este proyecto de ley.

Según Franklin Columba, dirigente y vocero de la Fenocin, respaldaron la norma porque insisten en que la propuesta establece la inclusión de territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades. Con ello, advirtió, si es necesario se movilizarán en las calles para apoyar esta ley.

Al mismo tiempo piden que se defina a la agricultura familiar campesina como un sector prioritario de las políticas del Estado y que se establezcan incentivos para disminuir los minifundios.

José Agualsaca, presidente de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), dijo que la deuda del Gobierno y de la Asamblea Nacional es emitir una nueva Ley de Tierras, “para que profundice y avance la revolución agraria en el país”.

El dirigente cuestionó que el tratamiento de los conflictos cotidianos de tierras sea alargado en temas legales en el Ministerio de Agricultura. “Es urgente y necesario una nueva Ley de Tierras. En la perspectiva de que los pequeños y medianos campesinos productores se inserten en la matriz productiva agraria en el futuro”.

Santos Villamar, presidente de la Fenocin, afirmó que si la Asamblea Nacional aprueba realizar una consulta prelegislativa la respaldarán.

Datos

Para aprobar el borrador de la Ley de Tierras, la comisión sesionó el 30 de septiembre y el 2 de octubre pasados.

El pasado 3 de mayo, el CAL ordenó a la comisión unificar los cinco proyectos presentados por diversos autores.

En Ecuador se han registrado 2 reformas agrarias, la de 1964 y de 1973, con resultados mixtos.

El borrador actual tiene 4 títulos: el preliminar, el de la Autoridad Agraria, el de Regularización de Tierras Rurales y de régimen administrativo.