Con 80 artículos, 4 disposiciones generales y 6 transitorias el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación finalmente fue recibido este lnes 21 de mayo por la Asamblea Nacional.

El documento fue entregado por el secretario de Comunicación (Secom), Andrés Michelena, a la presidenta del poder Legislativo, Elizabeth Cabezas.

Con estas propuestas, según Michelena, se pretende “acabar con 10 años de hostigamiento y persecución”.

Entre las principales reformas se incluye la derogatoria de doce artículos que eliminan la prohibición del linchamiento mediático; el Consejo Consultivo, que brinda asesoría en proceso de formulación de políticas de información y comunicación; la Superintendencia de Comunicación (Supercom); la figura del defensor de audiencias, que era obligatorio para los medios de comunicación, entre otros aspectos.

Respecto de la eliminación de la Supercom, este proceso deberá realizarse “en el plazo improrrogable de 180 días, desde la publicación de la ley en el Registro Oficial”, reza la transitoria segunda.

Esta incluye que los servidores públicos de la institución pasarán a formar parte de la nómina de la Defensoría del Pueblo o del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom).

Sobre el financiamiento de los medios públicos, las reformas establecen que deberán hacerlo con recursos de la institución, mediante ingresos en publicidad y comercialización de productos comunicacionales y los fondos que provengan de donaciones o patrocinios.

Los códigos deontológicos tendrán como normas mínimas, entre otras, “generar mecanismos administrativos para la tramitación de solicitudes que presenten los ciudadanos”.

Esto último no está contemplado en la actual ley, que además excluye los incisos (i) y (j) del numeral 4 del artículo 10 que corresponden a asumir la responsabilidad de la información y opiniones y “abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático”.

Sobre la responsabilidad ulterior, la actual ley estipula que toda persona debe asumir las consecuencias administrativas, posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos. Mientras que con las reformas se estipula que deberán asumirse consecuencias legales.

Otros aspectos que contempla la reforma establecen que los pedidos de rectificación y de réplica deberán ser acogidos por los medios de comunicación.

En caso de que eso no ocurra en el plazo de 72 horas, el ciudadano afectado podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que le concedan “medidas de protección y restitución de derechos”.

Hasta ahora el tema era responsabilidad de la Superintendencia de Comunicación e Información, pero el pasado 14 de mayo el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que esta institución será eliminada.

La Defensoría del Pueblo también deberá actuar cuando exista inequidad en la publicidad de casos judiciales; cuando un medio de comunicación no entregue copias de programas o impresos; en casos de revictimización, o cuando no se emita comunicación intercultural y plurinacional. Durante la entrega del proyecto de reformas, Michelena sostuvo que las propuestas del Ejecutivo son producto de la política de diálogo emprendida por el Gobierno.

Según el Ejecutivo, otros aspectos positivos de la normativa son el rescate de los principios de la Constitución de Montecristi y la actualización de la ley orgánica de acuerdo con la normativa y los tratados internacionales. Además, agregó, reflejará el fin de la confrontación con los medios de comunicación, actores políticos y ciudadanía en general.

Los ejes de la reforma
Las reformas tienen nueve ejes entre los cuales consta la eliminación de todo el esquema administrativo de sanción y control; y la desaparición definitiva de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).

Además se busca el fortalecimiento de la institucionalidad, con la asignación y ampliación de las funciones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom) y la Defensoría del Pueblo con la finalidad de mantener los derechos fundamentales como la prohibición de la censura previa, la rectificación y la réplica, la regulación de contenido discriminatorio, la clasificación de audiencias, las franjas horarias y la difusión de contenidos musicales.

Otro aspecto que detalla la propuesta de normativa es que se creará un Observatorio de Derechos Humanos y Justicia; se viabilizará la reclasificación de los medios públicos en medios públicos al servicio institucional y medios públicos al servicio de los ciudadanos.

Se propende al concurso abierto de frecuencias para medios privados comunitarios, y la asignación directa de frecuencias para nacionalidades indígenas.

Cabezas recalcó que las reformas a la LOC ya están contempladas en la agenda legislativa prioritaria, trabajada con todas las bancadas, por lo tanto se las tratará “en la brevedad posible”.

La Defensoría del Pueblo se encargará de recibir las denuncias ciudadanas. Tendrá 180 días para establecer un plan de fortalecimiento. (I)

------------------------------

Monge rindió versión por investigación en medios

El director nacional del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), César Monge, llegó a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para rendir su versión dentro del pedido de investigación sobre el uso de los recursos de los canales de televisión incautados.

En su intervención, Monge señaló que los hermanos Alvarado (Vinicio y Fernando) usaron recursos de los canales Gamatv y TC Televisión para pagar conductores, guardaespaldas e incluso gastos de supermercados.

“Esto debe ser investigado y sancionado porque estamos ante un posible delito de peculado”,  sostuvo Monge en su intervención.

Sin embargo, el dirigente aclaró que la diligencia a la que asistió ayer era “solo para dar su testimonio”, puesto que las pruebas que tiene son denuncias que fueron publicadas recientemente en los medios de comunicación.

“Nos dirigimos a la Fiscalía y pusimos una denuncia para que no quedaran en la impunidad estos actos de corrupción que curiosamente durante las últimas semanas han estado, difundiéndose”.

Para el dirigente de CREO todo esto es parte de un plan de Alianza PAIS. “Rendimos nuestra versión en este caso que se inicia para que en Ecuador no impere la impunidad. Creo que hoy es evidente que Alianza PAIS, al incautar los medios y luego convertirlos en públicos, tenía una sola intención: abusar del poder, generar todo un proceso que hoy ha terminado en la dilapidación de aquellos medios. Estos medios (incautados) están prácticamente quebrados”.

La fiscal Jimena Mena, de la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales, fue quien receptó la versión del dirigente del movimiento.

En noviembre del año pasado, en la denuncia se detallaban las supuestas pérdidas millonarias por el presunto mal manejo de los medios. Además se hacía mención al manejo político de la línea editorial de estas empresas de comunicación.

En ese sentido recordó la actual situación de los medios públicos y criticó la forma en la que fueron administrados en el gobierno anterior.

De acuerdo con la última rendición de cuentas de estas empresas, Andrés Michelena (en ese entonces gerente general de Medios Públicos) presentó el 24 de octubre de 2017 un primer balance de la administración mediática de los últimos 10 años.

Aseguró que bajo esas administraciones “se manejó a los medios públicos de manera propagandística y mediocre, dispendiosa e indolente”.

El dirigente de la organización política agregó también que pedirá que se reactive la denuncia que en su momento realizó su coidearia Ana Galarza.

La legisladora presentó una denuncia por el audio en el que se escucha decir al exsecretario de la presidencia, Eduardo Mangas,  que supuestamente perdieron las elecciones presidenciales de 2017. (I)