En una conferencia en Medios Públicos, el titular de la Secretaría de Comunicación (Secom), Andrés Michelena, y el representante del ejecutivo ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Danilo Sylva, explicaron los posibles cambios que habría en caso de aprobarse las reformas a la Ley de Comunicación (LOC).

Michelena enfatizó que el objetivo principal de los cambios en el marco legal es “pasar de una ley sancionadora a una ley  defensora de los derechos de los ciudadanos y en favor de la libertad de expresión”.

Por tal motivo se establece entre las propuestas: la designación de un superintendente que estará a cargo de la liquidación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), la cual  será eliminada.

Entre las funciones provisionales que tendría esta figura se incluye que podrá verificar el destino de los bienes muebles e inmuebles de la institución que desaparecerá. Así también debe garantizar la reinserción laboral del personal que actualmente labora en la Supercom. Todo esto se efectuará mediante una evaluación previa para que, de esta forma, pase al Cordicom, o, en su defecto, a la Defensoría del Pueblo porque se estima que la Supercom tendrá un plazo estimado de 120 días de duración hasta que se produzca su disolución.

Danilo Sylva, representante del ejecutivo ante el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom), señaló que en este proceso se contempla la conformación de un departamento especializado en temas de defensa de derechos de los ciudadanos con los medios de comunicación.

El Superintendente encargado, sostuvo, tendrá que revisar todas las resoluciones administrativas ejecutadas por Carlos Ochoa, (quien fue cesado y destituido de sus funciones por la Asamblea Nacional en marzo pasado), a fin de verificar la actuación de esa entidad.

En caso de que se demuestre alguna afectación a los ciudadanos sancionados con multas hasta la fecha, ellos serán resarcidos. Los casos que estén en trámite dentro de la Supercom serán archivados.

Con relación a la asignación de frecuencias se estudia la posibilidad de implementar “cambios importantes”, ya que la Ley de Comunicación contempla la asignación directa de frecuencia a 14 nacionalidades indígenas. Sin embargo, anticipó, se mantendrá el porcentaje del 33% para el Estado, 33% para el sector privado y 34% para el comunitario, tanto en radio como en televisión.

Como un tema adicional, los funcionarios anunciaron que acudirán ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para que se pronuncie sobre la declaración de la comunicación como un servicio público de manera que se pueda incorporar a la Constitución directamente. (I)