La jueza Karen Matamoros declaró como autores directos del delito de calumnia a los miembros de la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, en el proceso que se les seguía por la denuncia presentada por el contralor general del Estado, Carlos Pólit. 

Los integrantes de dicha comisión son: Julio César Trujillo, Isabel Robalino, María de Lourdes Arboleda, Byron Celi, Simón Espinosa, Alfredo Rodas, Ramiro Román, Juan Fernando Vega y Jorge Rodríguez (mayores a los 65 años).  

La sentencia indicaba que los procesados deben pedir disculpas públicas.

No obstante, a través de su abogado, el contralor Pólit se pronunció para que, en caso de que la sentencia fuera favorable, renunciar a continuar con la querella, por lo que solicitó a la jueza dar por extinguida la causa. 

De allí que la jueza Matamoros aceptó el desistimiento expresado por el contralor y dictó la extinción penal de la acción. 

Los querellados, sin embargo, señalaron que no aceptan el desistimiento de la causa. Isabel Robalino lo calificó como "un show, si quisieron desistir era que lo hagan ayer".

Dijo que hay "un juego político bajo que no podemos aceptar; se da una sentencia condenatoria, o sea no se reconoce la inocencia nuestra para luego hacer un juego de una baja política para decir: yo contralor desisto de la acción. No lo aceptamos". El criterio lo compartieron el resto de comisionados.

Más temprano, el presidente electo de la República, Lenín Moreno, animó a Pólit a revisar la demanda en contra de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. 

"Es momento de mayor tolerancia, pero también exhortamos a las organizaciones sociales a proceder con mayor rigor y responsabilidad", escribió Moreno en su cuenta en Twitter. 

La demanda había sido presentada luego de que los 9 integrantes de dicha comisión acusaron a Pólit, entre otros funcionarios, por un aparente sobreprecio en la compra del terreno donde actualmente se construye la Refinería del Pacífico.

El caso fue archivado por la Fiscalía debido a que las pruebas no eran suficientes y la acusación fue calificada como maliciosa y temeraria.

Tras ello, Pólit presentó una contrademanda. Su abogado, Hernán Ulloa, pidió a la jueza Karen Matamoros que se sancione el delito con la pena establecida en el artículo 182 del Código Penal.

Allí se indica: "La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años".

Además, solicitaba el pago de una indemnización de $ 100.000 por cada uno de los 9 demandados por el daño moral causado. (I)

Animo al señor Contralor, Carlos Pólit, a revisar demanda contra @CNACEcuador. Es momento de mayor tolerancia...1/2

— Lenín Moreno (@Lenin) April 20, 2017

... pero también exhortamos a las organizaciones sociales a proceder con mayor rigor y responsabilidad. 2/2

— Lenín Moreno (@Lenin) April 20, 2017