La Asamblea Nacional inició el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, calificado como urgente debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.

La Comisión de Régimen Económico dio paso al informe con ocho votos a favor. Daniel Mendoza, presidente de esta comisión, dijo que se corrigió más del 70% del documento original enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Patricio Donoso, miembro de la Comisión y del Consejo de Administración Legislativa (CAL), dijo que los principales problemas surgieron en el tema de las autonomías de las entidades del sector público no financiero.

“Hicimos el mejor de los esfuerzos para garantizar la autonomía de los tres sistemas de seguridad social, IESS, Isspol de la Policía e Issfa, que pertenece a las Fuerzas Armadas”.

En el proyecto de ley también se restablecen los techos presupuestarios globales de instituciones y de gasto, a fin de que el país tenga mejor  calidad de gasto.

El asambleísta destacó el  hecho de mantener la posición sobre el techo de la deuda  que debe no sobrepasar el 40% del PIB a partir del 2022.

“Las universidades tendrán la certeza de tener un tratamiento muy recomendado para que no se pierda la calidad de la educación”, señaló Donoso.

En cambio para Gabriela Larreátegui (SUMA) lo más importante es el establecimiento de las reglas fiscales que permitan que el fisco tenga un mejor control.

“Se baja muchísimo la discrecionalidad del Ejecutivo”, manifiesta. Se refiere a la posibilidad que tenía de modificar el Presupuesto General del Estado (PGE) en un 15%.

Ahora solo podrá hacerlo hasta el 5% y en caso de querer modificarlo por encima de este porcentaje deberá contar con la aprobación de la Asamblea, lo que le da al Legislativo la posibilidad de cumplir su rol fiscalizador.

Otro punto importante en el proyecto de ley es que no se suspenderán las transferencias desde el PGE a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), quienes también tendrán reglas de endeudamiento claras.

La Constitución es muy clara cuando dice que los GAD tienen que regirse a las mismas reglas que el PGE”, asegura Larreátegui.

Con los cambios que se hicieron se deja muy claro que el MEF solo puede dar los lineamientos y en ningún caso controlar y peor sancionar a los funcionarios, incluso con la destitución.

La legisladora cree que era “completamente absurdo” que un ministro de Economía pudiera sancionar con la destitución a un alcalde que fue elegido por el pueblo en votación popular.

Sobre el Banco Central del Ecuador se propone reemplazar los Certificados de Tesorería (Cetes) por Notas de Tesoro, que son títulos valores de corto plazo que no superan los 359 días. El proyecto prohíbe al BCE comprar títulos del Estado o que pueda inyectar liquidez a la economía.

Para la asambleísta esta decisión es muy importante. Explicó que el BCE tiene un fondo de $ 2.000 millones, los pasivos de alrededor de $ 9.000, aproximadamente.

“Entendiendo como pasivos los depósitos de los clientes, que ponen sus recursos en el sector financiero, que se supone que deberían estar respaldados en el Banco Central”.

Si es que en estos momentos se usan esos fondos para dar liquidez al sistema financiero sería peligroso, es por eso que este proyecto se lo prohíbe, indicó.

Ambos asambleístas dejan claro que las entidades autónomas ahora gozan de autonomía en cuanto a sus fondos propios y organizacional, pero en los fondos del PGE deben seguir algunas reglas.

Donoso no lo considera un proyecto muy controversial, pero sí en cuanto a poner orden en la casa y ser sujeto de crédito de los multilaterales.

La sesión del pleno virtual se inició a las 17:00 del martes 12 de mayo, pero fue suspendida dos horas después. Continúa este miércoles a partir de las 08:00. (I)