El primer capítulo de la mayor crisis financiera del Ecuador se consumó en 14 horas. Dieciséis personas interpretaron los alcances de una ley creada apenas 2 años antes para ‘autorizar’ que el Banco Central del Ecuador (BCE) otorgara millonarios créditos para ‘garantizar’ la estabilidad del sistema financiero.

Entre las 16:40 del martes 19 y las 06:30 del miércoles 20 de marzo de 1996, los 16 miembros de la Junta Monetaria (JM), entonces presidida por Ana Lucía Armijos, aprobaron un crédito subordinado de S/. 485.400 millones, equivalentes en aquella época a $ 133,5 millones (el cambio era de S/. 3.633,85 a diciembre de 1996), en favor del Banco Continental.

Mientras en el 2° piso del BCE los representantes de la banca y empresarios -algunos en funciones públicas- justificaban la decisión en un supuesto afán de ‘proteger’ los intereses de los depositantes, en las calles había incertidumbre.

La crisis económica, que el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992-1996) endilgaba al conflicto bélico con Perú a inicios de 1995; y la conmoción política por la renuncia del exvicepresidente Alberto Dahik, involucrado en denuncias de corrupción por el caso Gastos Reservados, acentuaban ese descontento.

Precisamente esos fueron los argumentos que usó el exgerente del BCE, Augusto de la Torre (hoy jefe del BID para América Latina), en la sesión del 19 y 20 de marzo para persuadir a la JM de inyectar recursos al patrimonio del Continental, ya que “no era prudente ni responsable” prolongar los créditos de liquidez -que recibió desde febrero de 1995- a un banco “con problemas de solvencia”. 

“Sería la primera vez en la historia del país que la JM, en caso de así decidirlo, autorizaría al BCE para que otorgue un crédito subordinado”, anticipó De la Torre.

Este fue el tercer punto en el orden del día, que aquella tarde convocó a la JM para discutir -además- el “comportamiento de los mercados monetario y cambiario en el período del 1 y 29 de febrero de 1996”, ante la inestabilidad de las tasas de interés y la elevación del tipo de cambio; así como el acuerdo de solidaridad y confianza hacia De la Torre por los cuestionamientos públicos a su gestión en el BCE. Estos puntos quedaron registrados en apenas 2 páginas de las 60 que componen el Acta 2562 del 19 de marzo, desclasificada después de 19 años.

¿Cómo empezó la crisis?

Con las festividades de Año Nuevo se configuró también un nuevo modelo de Estado. El 31 de diciembre de 1993 entró en vigencia la Ley de Modernización, que creó el Consejo Nacional de Modernización. Con ello, Durán-Ballén envió al Congreso un paquete de leyes urgentes, entre ellas, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, impulsada por Dahik, Armijos y Gustavo Ortega Trujillo, superintendente de Compañías de la época y familiar de los dueños del Continental.

Tras 10 días de haber sido aprobada por  el Congreso -entonces liderado por el Partido Social Cristiano (PSC)-, el 12 de mayo de 1994 la ley recibió el espaldarazo del Ejecutivo. La banca pagó páginas enteras en los diarios de la época, particularmente el Banco de Guayaquil, para pedir al Mandatario que envíe el texto al Registro Oficial, prometiendo a los depositantes que recibirían más intereses por sus cuentas corrientes.   

El trámite de la ley pasó casi inadvertido. La ciudadanía estaba concentrada en la renegociación de la deuda externa que, paralelamente, llevaban adelante el gerente del BCE y la presidenta de la JM. 

En las calles los trabajadores rechazaban la privatización de los servicios, pese al repudio de la Cámara de Comercio de Quito, liderada por  el empresario Andrés Pérez Espinosa. Y para aplacar ese descontento, el Gobierno anunció al país “un acuerdo ventajoso” con los acreedores por $ 7.580 millones correspondientes a capital, intereses atrasados y mora con la banca privada extranjera. El país destinó el 1,5% del PIB al pago de la deuda externa.

En ese ambiente caótico, un sector de la prensa advirtió sobre el encarecimiento de las tasas de interés  como consecuencia de la falta de liquidez en la banca y hasta el 18 de mayo de 1994 el BCE inyectó S/. 100 mil millonesal sistema financiero.

“Esa ley concedió más libertades para los créditos vinculados y para obtener préstamos del Estado, a más del debilitamiento a los controles que antes llevaba la Superintendencia de Bancos. Incluyó la autorización para evadir controles directos con la banca off shore, trastienda posterior de enjuagues contables para maquillar la contabilidad de una parte de la banca domiciliada en el país”, indicó Jorge Rodríguez, exvocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) en su artículo ‘Cuantificación de un monumental atraco’.

¿La banca fue el mejor asesor?

A través de un oficio dirigido a la JM, Leonidas Ortega Trujillo, presidente de Conticorp, un consorcio de 93 empresas -entre las que estaba el Banco Continental y sus subsidiarias en Curazao y Bahamas-, solicitó el 18 de marzo de 1996 un crédito subordinado por el 100% de su patrimonio técnico, amparado en el artículo 147 de la Ley de Instituciones Financieras. El pedido fue avalado la mañana siguiente por el exsuperintendente de Bancos, Mauro Intriago Dunn y, esa misma tarde, en sesión reservada, la JM trató el tema. Cabe apuntar que, técnicamente, el BCE tardaba 6 meses en estudiar un pedido como ese.

En su intervención, De la Torre, como gerente del BCE, ratificó que era deber del organismo velar por la estabilidad del sistema financiero y  Armijos hizo la consulta jurídica.

Entonces el exasesor legal del BCE, Iván Ayala Reyes (hoy consultor para el FMI, Banco Mundial, BID, PNUD, OPS y Usaid), explicó que el artículo 147 de la ley autorizaba al BCE la entrega de préstamos subordinados a otras instituciones del sistema con problemas de deficiencia patrimonial. A pesar de que la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, vigente desde 1992, reconocía al BCE como el Instituto Emisor, el asesor se amparó en la norma de 1994 para asegurar que “entre las instituciones del sistema financiero” se incluía al BCE.

Sin desconocer que dichas operaciones debían contar con la autorización previa de la Superintendencia de Bancos, Ayala afianzó su argumento en el artículo 54 de la Constitución,  apenas reformado el 16 de enero de 1996, según el cual: “...el sistema monetario debe velar por la estabilidad de la moneda nacional y por la solvencia del país”.

Pero fue pasadas las 18:10 -tras el primer receso- que el vocal de la Cámara de Agricultura de la Costa, Alfonso Trujillo, expuso su duda sobre el pedido de Ortega: “¿Cuáles serían los efectos en el caso de aceptarse las soluciones planteadas, y cuáles las consecuencias de no hacerlo? En aquella época, el Continental era el 5° banco más grande de Ecuador, con 240 mil clientes.

A ese cuestionamiento se adhirió Guillermo Lasso, vocal de la JMpor la banca privada y presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, el mismo que en 1994 pidió a Durán-Ballén, con remitidos de prensa, que envíe la Ley de Instituciones Financieras al Registro Oficial.

Hasta las 23:00, De la Torre esgrimió más argumentos y después Armijos dispuso una serie de recesos para que los vocales hicieran sus consultas. Finalmente, a las 05:00 del 20 de marzo de 1996, la JM resolvió: el BCE otorgaría un crédito subordinado por S/. 485.400 millones al Continental para que pueda “operar legalmente” y recomendaría al mismo Leonidas Ortega Trujillo como presidente del directorio del banco “para que contribuya con el proceso de rehabilitación”.

Así se resumió la intervención de  Armijos en el Acta 2562, que por 19 años el BCE mantuvo en reserva, pese a que esa decisión posibilitó el mayor delito financiero en contra de miles de depositantes y cuyos estragos siguen latentes.

 ¿Qué pasó con los créditos millonarios que recibió el Banco Continental entre 1995 y 1996? ¿Qué pasó con esos 240 mil depositantes? ¿Qué hicieron el BCE, la JM y el Gobierno para recuperar esos créditos? ¿Qué pasaba en Ecuador con Sixto Durán-Ballén? ¿Cómo reaccionaron los medios de comunicación ante el atraco? EL TELÉGRAFO investigó el caso y revelará cómo actuó cierta clase política y la banca. (I)

Acta de la sesión reservada de la Junta Monetaria en 1996