De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Ecuador creció anualmente 4,3% desde el 15 de enero de 2007 hasta 2014. Ese crecimiento significa más de un punto porcentual sobre el resto de naciones de la región.

Las principales medidas adoptadas por el Gobierno que han coadyuvado a ello son: la renegociación de la deuda externa, que ayudó al país a ahorrar $ 8.000 millones; la renegociación de los contratos petroleros; la recuperación de las empresas públicas que habían sido privatizadas en los gobiernos neoliberales; una distribución más equitativa de las riquezas; y, la dotación de leyes de carácter social.

Y es que paralelamente a las transformaciones físicas el país vivió el cambio de marco jurídico. Nuevas leyes se hicieron para crear entidad, garantizar derechos o viabilizar lo que ya constaba en la nueva Constitución, que fue el punto de arranque.

Aparte de la Carta Magna, dentro de ese paquete de leyes que cambiaron la vida del ecuatoriano están las normas de Economía Popular y Solidaria, de Educación Superior, de Aguas, de Servicio Público (Losep), de Justicia Laboral, la que creó el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), el Código Orgánico Integral Penal (COIP), entre otras (ver gráfico).

Los logros de esas leyes son palpables, tanto en cifras como en las experiencias de los mismos beneficios. Ellos, al cumplir 9 años del inicio de la administración de Rafael Correa, cuentan lo conseguido, aunque saben que ciertas normativas aún tienen que perfeccionarse (ver subnotas).

Revolución Constitucional y nuevo ordenamiento jurídico

De 2007 a 2015, en Ecuador se han aprobado 188 leyes con el objetivo de transformar las relaciones de poder e impulsar garantías sociales a todos los ciudadanos, entre ellas, la misma Constitución, en 2008. Más del 60% de esas normativas han provenido de la iniciativa del Ejecutivo. Así lo señala el estudio denominado ‘El regreso de la codificación: caso Ecuador’, autoría del asambleísta Virgilio Hernández (PAIS).

La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales fue la última en ser aprobada por la Asamblea Nacional, por lo que aún espera el visto bueno del Ejecutivo. Según el legislador Miguel Carvajal (PAIS), con la aprobación de esa normativa, registrada el 7 de enero pasado, se han construido leyes con amplio sentido de participación ciudadana.

Los defensores de la Constitución destacan que coloca por delante al ser humano, establece la perspectiva de un país soberano, solidario, que camina y que busca la construcción de la igualdad.

“Está presente en todo el marco de la Carta Magna, de tal forma que no podemos decir ahora que solo hay un artículo, un capítulo o un título de la Constitución que se refieren a impulsar las garantías sociales de la mayoría de ecuatorianos, sino que hay líneas transversales que la cruzan”, destacó Hernández.

Cuatro son los grandes ejes en los que se han desenvuelto estas leyes en estos 9 años.

El primero es que las normativas  tienen que ver con cambios fundamentales en el Estado, han permitido una modernización democrática y que Ecuador funcione con mayor agilidad.

Lo segundo es que las leyes benefician al ser humano porque tienen que ver con el tema social y están  a favor de las mayorías.

El tercer elemento es que las leyes que tienen que ver con la economía no estén al servicio del capital financiero internacional; sino en función de los intereses del país y  sus ciudadanos. Y el cuarto aspecto es que las leyes apoyan los procesos de producción e incentivos. “Vea por donde se las vea, son leyes con profundo contenido social”, añadió Hernández.

Actualmente, con la aplicación de los códigos se han sintetizado una gran cantidad de leyes, lo cual permite que los ciudadanos y las autoridades puedan tener mayor  certeza jurídica de qué es lo que está vigente de manera efectiva.

Según un informe de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), las leyes producidas durante el Gobierno se distribuyen así: 34% corresponde a garantía de derechos, 21% sobre organización del Estado, 21% administrativas, 19% para soberanía y régimen de desarrollo, y 4% para participación y pluralidad. (I)