Los acuerdos entre pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales (ONG) ponen en alerta a las autoridades ecuatorianas: se otorgaron derechos exclusivos a empresas privadas locales y extranjeras para usufructuar de grandes territorios ricos en biodiversidad. Eso significaría encaminarse a los llamados “mercados o servicios ambientales”, donde prima el objetivo comercial para tratar de sacar todo el provecho económico que se pueda obtener de la naturaleza.

Es por ello que entes como la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) establecerán estrategias de seguimientos a los proyectos presentes y futuros relacionados con el tema ambiental e indígena, que son aspectos igual de sensibles que los temas políticos en los que interviene la cooperación internacional, especialmente de EE.UU. a través de representaciones institucionales del Gobierno de Washington como la Usaid o las ONG afines, ya que aquí se estaría hablando de incidencia en territorios indígenas y de organización.

Para muestra, un ejemplo

El ‘Programa de manejo integrado de territorios indígenas’ es uno de esos proyectos financiados por la Usaid, representación institucional del Gobierno de EE.UU., pero ejecutado por la ONG Wildlife Conservation Society (WCS).

A ese y otros proyectos de cooperación estadounidense se les hace seguimiento porque, pese a la próxima salida de la Usaid (en septiembre), se identificó que ciertas ONG de EE.UU. y organizaciones indígenas de Ecuador ya han dado pasos a lo que sería la “mercantilización de la biodiversidad”.

El ‘Programa de manejo integrado de territorios indígenas” abarca a los pueblos Huaorani, Kichwa, Cofán, Secoya, Awá, Chachi, Épera y Pasto.

De allí que, dentro de un estudio de la Seteci se plantea la gran interrogante: ¿Qué motiva a una ONG norteamericana alineada con las políticas del Gobierno de EE.UU. a promover el manejo de territorios indígenas? Es frente a esa pregunta que se analizaron 2 temas entrecruzados: compra-venta de servicios ambientales versus derechos de los pueblos indígenas.

Entonces se determinó que el programa tiene influencia directa con pueblos indígenas y territorios con presencia de altos índices de diversidad biológica, que maneja montos considerables: $ 2’400.000 para las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Imbabura, Esmeraldas e Carchi.

De ese monto, $ 400.000 se han invertido en Orellana; sin embargo, de documentos de la misma Usaid se desprende que se hizo un adéndum para aumentar significativamente el presupuesto, sin tomar en cuenta que un adéndum solo permite hacer el anexo a un documento o escrito, información que, por olvido voluntario, distracción u obtención de nuevos datos, no consta en el documento principal.

Pese a ello, el adéndum al convenio original al proyecto fue utilizado por la Usaid para hacer una inversión “adicional” de $ 3’645.000 y así “dar continuidad al programa”.

El presupuesto final llegó a $ 6’095.000 hasta el 30 de septiembre de 2011. Esto fue identificado cuando el Gobierno ecuatoriano decidió hacer varios estudios y análisis para saber qué hacen las ONG y las instituciones oficiales de Washington en el país, con cuánto presupuesto cuentan; con quiénes trabajan, entre otros aspectos.

En el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía, el proyecto tenía entre su red de socios locales a organizaciones Huaorani como la NAWE y Amwae, a entes públicos y, sobre todo, a empresas petroleras y operadoras turísticas privadas: Repsol, Petrobras, Perenco, PetroOriental, Petrobel y Tropic Tours.

En cambio, entre las ONG nacionales y extranjeras constaban: Ecolex, Cuerpo de Paz de EE.UU., WCS, Ibis-Dinamarca, Acción Ecológica, Save Americas’s Forests, Sinchi Sacha, Fundación Pachamama, Universidad Católica (Puce), Universidad San Francisco (USFQ) y Duke University (voluntarios).

En base al análisis efectuado por la Seteci en territorio se alerta: “Es necesario tener en cuenta que las acciones llevadas a cabo por organizaciones externas en territorios indígenas han sido recurrentemente riesgosas para la soberanía biocultural de los pueblos. En repetidas ocasiones se ha evidenciado grave violación de derechos colectivos básicos mediante el usufructo de recursos naturales y de conocimientos culturales: extracción y apropiación de tecnologías ancestrales por medio de la bioprospección y biopiratería de los recursos genéticos presentes en los territorios”.

Se hizo aquello pese a que -según fuentes de la Seteci-, por todos es conocido que el usufructo es el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios, utilidades, frutos.

En ese sentido, entre los acuerdos firmados entre ONG y pueblos indígenas consta, por ejemplo, el efectuado por los Huaorani, representados por la Organización para la exNacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (Onhae), hoy denominada Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), y la corporación Eco-Génesis Development Ltda. En septiembre de 2005 firmaron un convenio en el cual se fijan responsabilidades para cada una de las partes, entre las que destaca que Eco-Génesis se obligaba a:

1.- Adherirse a las prácticas ecológicamente aceptadas de corte y reforestación. Es decir -según el informe del análisis en territorio- entre los planes de la empresa se considera la tala de los bosques.

2.- Devolver las tierras tras la terminación del usufructo en iguales o mejores condiciones. El informe del análisis en territorio de la Seteci plantea en este punto que en realidad “es difícil entregar en mejores condiciones uno de los bosques más biodiversos del mundo, como el que está en territorio Wao”.

3.- Proteger al pueblo Huaorani de daños económicos y sociales que pudieran ocurrir a raíz del desarrollado de recursos no renovables.

En cambio, los Huaoranis se comprometieron, entre otras cosas, a abstenerse de tomar acciones que pudiesen dificultar el ejercicio de los derechos de Eco-Génesis o de sus cesionarios (ver gráfico).

Datos

La Seteci cree que con acuerdos de usufructo entre ciertos pueblos indígenas de la Amazonía y las ONG extranjeras se consolida la mercantilización de la biodiversidad, iniciando un proceso de mercadeo con el medio ambiente, que posteriormente será extendido a otros territorios.

El ‘Programa de manejo integrado de territorios indígenas’ tiene influencia directa con pueblos justamente indígenas y territorios con presencia de altos índices de diversidad biológica.

Otro proyecto que tiene fondos externos es ‘Corredor biológico Cóndor Kutukú’, con el patrocinio de Conservación Internacional.