Hay ocasiones, durante el verano, en que en Pesillo solo hay agua un día a la semana. Así lo asegura Humberto Imbaquingo, habitante de Miravalle, un pequeño pueblo a las afueras de Otavalo.

Él es presidente de San José de la Bolsa, una de las 14 comunidades que esperan, desde hace 16 años, la finalización de un proyecto de agua potable que beneficiará a más de 100 mil habitantes de la zona fronteriza entre Imbabura y Pichincha.

Pero el sueño de tener agua potable sigue postergado para la zona, que abarca a cantones como Otavalo, Atuntaqui, Ibarra, Pedro Moncayo, Tabacundo y Cayambe.

“Lucio Gutiérrez vino, puso la primera piedra del proyecto y nunca más regresó”, lamenta Imbaquingo.

El gobierno de Rafael Correa y la Prefectura de Pichincha, a cargo de Gustavo Baroja, fueron los primeros en cumplir con un paso fundamental para la conclusión del proyecto Pesillo-Imbabura:la entrega de estudios definitivos que habilitan a la empresa Hidalgo & Hidalgo a concluir con los trabajos, que incluyen una represa a 3.408 metros de altura.

La laguna de San Marcos es la principal fuente de recursos para Pesillo-Imbabura, en donde se construye un embalse que dotará de agua potable a las comunidades.

Allí se lleva a cabo otro proyecto de alto impacto: el canal de riego Tabacundo, obra paralela que beneficiará a la economía agrícola del sector, que está en etapa de finalización.

Ambos proyectos, que han generado 500 plazas de trabajo directas, consisten en la captación de agua de los ríos Arturo, Boquerón y San Pedro, que nacen de los nevados del Cayambe y otros afluentes como el río Azuela.

En lugar de que sigan su curso hacia el Oriente, 3 túneles de conducción con una longitud de 2.700 metros, captarán el agua en la laguna de San Marcos, cuyo nivel de agua es de 3.432 metros cúbicos, desde la cual se distribuirá el recurso con un túnel de 4.745 metros de longitud.

La construcción se inició en febrero de 2011, con un plazo de ejecución de 30 meses, el cual concluyó en agosto de 2013.

El costo es de $ 196 millones. La cifra incluye una inversión de gobiernos anteriores por alrededor de $ 76 millones y un aporte del gobierno actual de $ 120 millones. Al menos 47 millones estarán destinados específicamente al proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura.

Juan Serrano, presidente de las 14 comunidades que exigen beneficiarse del proyecto, asegura que en 3 de ellas la situación es tan grave que hay momentos en el año en que reciben únicamente 30 minutos de servicio de agua cada 15 días.

La obra Pesillo-Imbabura contará con 29 tanques de reserva y una red de distribución de 495 litros de agua por segundo, a través de tuberías de acero y PVC, con una extensión de 152 kilómetros, según datos de la Secretaría del Agua. Además, incluye una planta de tratamiento para que el líquido sea apto para consumo humano.

Su construcción se ha visto paralizada por 2 motivos: Primero porque no existía un estudio técnico definitivo. Este debía estar listo en octubre de 2012, pero su entrega se postergó hasta enero pasado. Y segundo porque no estaba claro a quién le correspondía la ejecución de la obra, puesto que está en la frontera de dos provincias.

Mientras esperan la conclusión del proyecto, las comunidades reciben agua a través de bombas, cuyo costo es alto debido a la electricidad que usan. “Comunidades pequeñas como San José de la Bolsa deben pagar $ 350 al mes por su uso. Las más grandes hasta 2.500 mensuales. Pero el agua que recibimos no tiene tratamiento y no es apta para consumo”, explica Imbaquingo.

Él y sus compañeros buscan ser los administradores del proyecto y los ejecutores del presupuesto a través de una empresa comunitaria.

Para ello, el pasado 1 de abril ellos mantuvieron una reunión con la secretaría de Aguas, en Quito, en la que pidieron que se firme un convenio con universidades del sector para que capaciten a los comuneros.

En esa misma reunión, la secretaría se habría comprometido a darles una fecha definitiva de la entrega del proyecto.

Por eso, el 21 de mayo pasado, 4.000 habitantes del sector marcharon hacia Quito e intentaron llegar al Palacio de Carondelet para hablar con el presidente Correa. Finalmente, una comisión de 25 personas fue recibida por el asesor Mario LaTorre y funcionarios de Senagua y el Banco Nacional de Fomento.

Comuneros sostienen que lo único que esperan es el visto bueno del Presidente de la República para poder ejecutar el presupuesto y terminar la obra. Están desesperados e insisten en que su vida y la de sus vecinos cambiarán cuando concluya el proyecto.

“No buscamos un enfrentamiento con el Gobierno. Nuestra motivación es ciudadana, necesitamos del agua para vivir mejor”, aclaró Imbaquingo, quien señaló que no están siendo manipulados por Pachakutik.

En junio de 2012, el presidente Correa visitó Pesillo para analizar el avance en la construcción de ambos proyectos: el de agua potable Pesillo-Imbabura y el sistema de riego Cayambe-Pedro Moncayo, que beneficiará a 14.700 hectáreas de la provincia de Pichincha.

En ese momento, el 75% de la obra estaba listo. Según la Prefectura de Pichincha, el 100% sería entregado en julio próximo.

Este proyecto se concibió, por primera vez, durante la prefectura de Rafael Reyes, en los 90, pero estuvo paralizado hasta febrero de 2011, cuando el actual prefecto Baroja firmó un contrato con la empresa Hidalgo & Hidalgo para finalizar el proyecto, por un costo de $ 80 millones.

Cuando la Prefectura actual retomó el proyecto, la mayoría de la construcción realizada en gobiernos anteriores era inutilizable debido a la paralización. Así, se dispuso la construcción de caminos de acceso, el embalse en la laguna de San Marcos y la regulación del mismo, el túnel de trasvase de casi 5 kilómetros de longitud y las tuberías que componen el sistema de riego.

Las comunidades esperan que el acceso total al agua potable y de riego se vuelva realidad en máximo 2 años.