Enmendar la Constitución de Ecuador para que se prohíba la minería metálica (actividad de extracción para obtener un metal, como oro, plata, cobre y otros) en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos, es el planteamiento de la quinta pregunta de la consulta popular que se realizará en el país el próximo 4 de febrero.

En la Carta Magna se establecen limitaciones para las actividades extractivas, sin embargo si la Asamblea Nacional aprueba la realización de estas con la petición previa del Presidente y por ser declarada un tema de interés nacional, se permite una excepción y se puede dar paso a la producción minera.

La pregunta incluida en el referéndum, que modificaría el segundo inciso del artículo 407 de la Constitución y el artículo 54 del Código Orgánico del Ambiente, no solo se limita a la extracción, sino que se extiende a prohibir también la prospección, exploración y explotación.

Además, la Asamblea ya no tendría competencia para aprobar la realización de actividades mineras en áreas protegidas, zonas intangibles ni centros urbanos.

El ministro de Minería, Javier Córdova, explicó que respaldar el Sí significa fundamentalmente la protección de sistemas frágiles. Agregó que la aprobación de la pregunta para enmendar la Constitución ayudará a planificar el trabajo de los pequeños mineros y regular su actividad.

Varios sectores sociales también respaldan el Sí en el referéndum y consideran  positivo que se consulte al pueblo sobre enmendar la Constitución para la protección de estas áreas sensibles, pero sostienen que todavía es insuficiente.

Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, manifestó apoyar un ‘Sí crítico’ en la consulta, pues a pesar de que la pregunta toma en cuenta las áreas protegidas y zonas intangibles, no lo hizo con los territorios ancestrales de pueblos indígenas, bosques protectores, tierras cultivables o fuentes de agua.

Chicaiza acotó que “de perder el Sí se deja en completa vulnerabilidad las áreas protegidas, lo que sería nefasto y dejaría este tipo de sectores sensibles a merced de la explotación minera”.

Contrario a esta posición, Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería de Zaruma, una de las localidades orenses construidas en torno a la minería, sostuvo que la aprobación de esta pregunta lapidaría el trabajo principalmente de los pequeños productores y de quienes realizan esta actividad de manera artesanal.

El empresario argumentó que la pregunta tal y como está planteada no resuelve el problema de la minería ilegal y agravaría el desempleo en el país.

Por esta razón, argumentó que en la interrogante en la que se menciona: “se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases, en áreas protegidas, centros urbanos y áreas intangibles” se debería haber incluido: “excepto para la pequeña minería y minería artesanal”.

En la misma línea, Mauricio Murillo, síndico de la Cámara de Minería de Guayaquil, consideró que al prohibir la minería metálica se crean las condiciones para que aflore la minería ilegal, con los perjuicios sociales y ambientales que esta acarrea.

“Prohibiendo la minería en centros urbanos, simplemente se prohíbe el título minero, pero la gente continuará trabajando, pero de manera informal”.

El jurista enfatizó que “esto implica que no se recaudará impuestos, se trabajará sin afiliación a la seguridad social y esto significa un retroceso en la actividad minera que se ha desarrollado en el país”.          

Potencial minero de Ecuador
La actividad minera genera expectativas en la economía del país. Las reservas en el territorio nacional guardan principalmente oro, plata y cobre, lo que ha llamado la atención de grandes empresas internacionales que ya operan en el Ecuador.

Actualmente hay cinco proyectos estratégicos en marcha: ‘Mirador’ en la provincia de Zamora Chinchipe operado por la empresa china Ecuacorriente S.A. con reservas estimadas de 6,5 billones de libras de cobre; 26 millones de onzas de plata y 3,2 millones de onzas de oro.

Por otra parte, ‘Fruta del Norte’ concesionado a la canadiense Lundin Gold, ubicado también en Zamora Chinchipe, con estimaciones de 4,82 millones de onzas de oro y 6,34 millones de onzas de plata.

También son considerados como estratégicos el proyecto Río Blanco (Azuay) para la producción de oro, que es operado por Junefield; San Carlos Panantza (Morona Santiago) con reservas aproximadas de 6,6 millones de toneladas de cobre, cuyo concesionario es la empresa china Explorcobres S. A.

Finalmente está el proyecto Loma Larga, en la provincia de Azuay, con reservas de oro, plata y cobre, el cual fue entregado a la empresa canadiense INV Minerales Ecuador S. A. y operado por INV Metals.  

Concesiones
Se detienen las concesiones
Tras una reunión con delegados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) a fines de diciembre del año pasado, el Presidente resolvió detener la entrega de concesiones mineras hasta que se realice un proceso de evaluación.

18 proyectos de minería son considerados por el Gobierno con mayor potencial de producción.

Se realiza evaluación  
En 2017 se presentaron 1.000 pedidos de concesión, de los cuales 300 están en estudio actualmente. Sus resultados se entregarán este año al Jefe de Estado.