La discusión en torno al proyecto de ley contra la especulación se ha politizado. ¿Quiénes se benefician con esta propuesta?

Es una ley contra la especulación en el precio del suelo. Sin la normativa vemos que el valor del metro cuadrado varía entre un sector y otro, dentro de la misma ciudad. La propuesta no es confiscatoria, no afecta a la clase media, se aplicará desde la segunda venta del inmueble, y protege el derecho fundamental de tener una vivienda. Algunos sectores hablan desde el imaginario en donde todos tenemos casa y vamos a venderla para hacernos pensar que todos seríamos afectados. La propuesta busca un justo equilibrio entre quienes con su esfuerzo y trabajo han conseguido una vivienda y la están vendiendo, así como para quienes a pesar de su esfuerzo aún no acceden a un terreno o vivienda.

En las ciudades, las familias con mejores posibilidades económicas se asientan en el centro y en la periferia están los denominados ‘cinturones de pobreza’ sin acceso a servicios como agua potable, transporte, áreas verdes, etc…

Muchos se preguntan por qué el presidente Rafael Correa envía este proyecto de cara a un proceso electoral y es porque está en juego el derecho al hábitat. ¿Por qué hay ciudadanos que habitan en el centro con pleno acceso a servicios, mientras otros viven en las condiciones que usted expresa? Porque creemos que la lógica del mercado debe imponerse.

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, puso como ejemplo que si una familia humilde adquiere una vivienda en $ 40.000 y después de 4 años la vende al doble ($80.000), el 75% de esa ‘ganancia’ iría al Estado. ¿Es así?

Ahí hay algunas falacias. Cuando una familia de estrato popular compra una vivienda hace un gran esfuerzo y a través de un crédito hipotecario a 15, 20 o 25 años. En 4 años no habrá cubierto ni la tercera parte de la deuda. Y solo un suceso de gran impacto podría en 4 años duplicar su valor. Adicional a eso, recordemos que se grava como impuesto no el costo de la casa sino la ganancia extraordinaria. Es decir, restando el valor de la casa, el factor de interés adquirido, si ese monto lo depositaba en el banco (tasa anual del 7,5%), y el pago que haya hecho por mejoras. Restando todo eso se calcula la ganancia extraordinaria y el tributo a pagar. Además ese impuesto se destinará a los municipios para inversión en agua potable, alcantarillado, etc., en sectores donde, por la lógica de exclusión, se ubican las periferias y no cuentan con todos los servicios.

Nebot dijo que no quiere ese mecanismo de recaudación

Me extraña que diga que no le interesan esos ingresos cuando en su ciudad aún no dota al 100% de su gente con agua potable. Si no, recordemos la historia de los socialcristianos y el famoso atraco a la Perimetral; basta recordar cómo se han desarrollado nuestras ciudades para saber que ciertos actores políticos se han beneficiado de información privilegiada para ahora tener sus propiedades.

Las cámaras empresariales, desde Guayaquil, rechazan que el Estado interfiera en el cálculo de la ganancia. Y los candidatos presidenciales de oposición ya anuncian que derogarán esa ley
El Estado tiene la obligación de regular, más aún cuando se trata de derechos humanos como la vivienda.

Esos grupos lo que buscan es volver al pasado y le dicen no a todo: a la Ley de Comunicación, de Educación, y ahora se oponen a la ley que está en contra de la especulación del valor del suelo, que es lo que realmente está en juego. (I)