Dos meses después de que se hicieran públicos los contratos entre instituciones del Estado (entre ellas Celec EP) y las empresas donde tiene acciones el Prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia y su hijo que es asambleísta y lleva similar nombre, la Procuraduría General del Estado (PGE) inició un análisis sobre la legalidad de los mismos.

Mediante oficio remitido el 19 de octubre pasado al titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, la PGE confirmó que ya están ejecutando dicha tarea de control.

Esto, a su vez, en atención al oficio ingresado a la PGE el 4 de octubre por el asambleísta del Guayas Vicente Taiano. Él requirió el “Informe en el que se determine si las empresas Marzam Cía Ltda.; Marítima de Comercio Cía. Ltda.; Mardcomsa y Naviera Marnizam Cía. Ltda, de las cuales es accionista el prefecto de Manabí, incurren en las  inhabilidades determinadas en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, respecto de sus facultades para contratar con el Estado”.

El análisis jurídico de la PGE, que será entregado en 180 días, también busca esclarecer si el dictamen de este organismo de control, del 5 de enero de 2012, facultó a las empresas de Zambrano Segovia a celebrar contratos con el Estado, mientras estos no sean con la Prefectura de Manabí, donde es su titular.

A esto se suma que el Prefecto  también es investigado por la Fiscalía de Manabí por el presunto delito de perjurio. La denuncia fue presentada el 1 de septiembre pasado por un grupo de ciudadanos que creen que Zambrano mintió en su ficha de inscripción para la candidatura de Prefecto en 2014, al juramentar que no tenía contratos con el Estado.

El fiscal de Manabí, Enrique García, aseguró ayer a los medios públicos que esta denuncia sigue el trámite. Indicó que en estos momentos se halla en investigación previa y que ya se ha notificado a las partes para que rindan sus versiones.

El Fiscal añadió que en esta etapa del proceso se aplica la reserva, por lo que no puede dar más detalles.

Para Marcelo Farfán, uno de los denunciantes por el presunto delito de perjurio, este proceso deja sin piso a la defensa de Zambrano Segovia, que argumentaba la legalidad de los contratos amparados en la resolución de la PGE emitida en 2012.

Francisco Bravo, otro de los denunciantes, pidió a la PGE y a la Fiscalía celeridad en el requerimiento de información y en las investigaciones, por ser un tema de interés social que atañe a la autoridad provincial.

Los Medios Públicos buscaron la versión del Prefecto, pero debido a su agenda de actividades no fue posible. Quien sí habló ayer fue su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera. Dijo que están en conocimiento de la actuación de la PGE y que son respetuosos del trabajo de las instituciones. Aclaró que tienen la conciencia tranquila y aseguró que no han cometido ilegalidades.

El tema de los contratos entre los negocios de los Zambrano y el Estado se conoció luego de que el 1 de junio pasado la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) detectara que el prefecto de Manabí era accionista mayoritario de las compañías que ya venían contratando con el Estado.

Por ello descalificó una oferta por $ 11’082.500, para el transporte de combustible, presentada por el consorcio Mardcomsa-Marzam. Esto se basó en documentos de la Superintendencia de Compañías, donde se establece que es el socio mayor.

Documentos notarizados a los que tuvo acceso EL TELÉGRAFO dan fe de dos contratos del Estado y empresas ligadas al prefecto de Manabí y su hijo. Por el ejemplo, el Consorcio Mardcomsa-Marzam, en 2012, suscribió un contrato con Celec “para el transporte multimodal (marítimo y terrestre, recepción, almacenamiento y despacho), para el abastecimiento de combustible fuel oil 6 y diésel para la Central Termoeléctrica Jaramijó”, por $ 18,6 millones. Otro contrato fue por $ 5,7 millones. (I)