¿Qué implica el respaldo de la relatora de la ONU para la Corte y Ecuador?
Lo que pasa es que está creándose una práctica poco saludable de cada decisión que dicta un organismo en el país, la respuesta inmediata es ‘nos vamos a las cortes internacionales’. Las instancias internacionales no son adicionales sino de excepción, se llega allá cuando aquí se ha fallado de una manera arbitraria, sin fundamentos, cuando hay una violación grosera de la ley, de la Constitución. Creíamos que era muy oportuno, porque ya llegaron supuestas denuncias de violaciones a los pueblos indígenas, era pertinente que esta comisionada conozca de manera directa los fallos. En los organismos internacionales, al igual que la CC, no se resuelven sobre discursos políticos, sino sobre razones, pruebas materiales, evidencias, razonamientos y fundamentos.

¿En la sentencia sobre los huaoranis por qué no aplica la figura de genocidio?
Porque en nuestro estudio se estableció que la figura penal de genocidio exige altos estándares. Tiene más de 40 elementos por considerarse. En la historia reciente de la humanidad solamente se ha catalogado como genocidio a los delitos provocados en la Segunda Guerra Mundial, las masacres en África y las guerras entre serbios y bosnios. Son grandes procesos de destrucción de colectivos. Deben cumplir parámetros: que sea planificado, sistemático, realizado desde el Estado, requiere un patrón de cumplimientos que no pueden atribuirse a cualquier hecho. Esos son los elementos.

¿Afecta a la Corte la politización continua de sus fallos?
Más allá de la Corte, afecta a la institucionalidad que se pretende fortalecer y se  impulsa los procesos para  institucionales para la solución de conflictos. Mientras más débiles están las instituciones, más susceptibles son los conflictos que se resuelvan por la vía de los acuerdos políticos. Ese era el país de la Constitución del 98. Todos los sectores que no estaban de acuerdo con una política pública salían de la institucionalidad: marchas, paros, huelgas y lograban que el Congreso les saque una ley que favorezca a determinado sector, así se tranzaban y negociaban los acuerdos. Hoy tenemos una institucionalidad con un orden jurídico, donde hay obligaciones y derechos. Uno puede estar en desacuerdo con un modelo o Gobierno pero lo que debemos construir es la institucionalidad que nos favorece más allá de cualquier gobierno porque ¿a quién le favorece un país donde el caos y la violencia es la norma y no la solución en las instancias?

¿Dan seguimiento a sus fallos?
Esa es una recomendación informal de la relatora, porque no ha sido un producto de un informe oficial. Es una recomendación que tomamos muy en cuenta, para a través de la Secretaría Técnica monitorear qué casos, que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas, llegan a la corte. No hay muchos casos. Puede haber dos lecturas, que no es muy utilizado el recurso porque no hay problemas, porque no hay niveles de conflicto o los resuelven internamente. O lo otro es que no se utilice adecuadamente el fallo de la Corte Constitucional que ordena un enfoque pluricultural.
En el caso de los pueblos y comunidades vamos a hacer seguimiento de los casos que llegan a la corte. De los que llegan a la corte tenemos clara conciencia. Están otros en la justicia ordinaria, pero no llegan todavía y por eso no es nuestro ámbito de competencia.