El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que empezará a socializar desde el 5 de febrero la Comisión  de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, busca propiciar el desarrollo de los territorios de una forma ordenada, promoviendo el buen vivir.      

Ese ordenamiento se realizará en concordancia con los diferentes niveles de Gobierno, como prefecturas, municipios y juntas parroquiales. El texto será la pauta para definir lineamientos y generar los mecanismos que deberán aplicar los gobiernos locales con relación al territorio.

La norma reconoce el derecho de la sociedad a participar en la plusvalía del suelo, generada por acciones públicas. También consta el control de prácticas especulativas.

Estos puntos han sido destacados varias veces por parte del Presidente de la República. En sus discursos ha recordado que en muchas ocasiones las construcciones del Gobierno han provocado que los costos de los predios suban significativamente. El Jefe de Estado ha reclamado por los costos excesivos que le ha tocado pagar por un predio que se quiere expropiar. (LEA EL DOCUMENTO)

Creación de nuevos organismos

Uno de los temas centrales de la Ley es la creación de un Consejo Técnico de Uso de Suelo. Este sería el ente que emita las regulaciones sobre el uso y la gestión del suelo que deberán ser aplicadas por los gobiernos seccionales.

Entre una de las atribuciones está la de especificar los parámetros para la captura de plusvalías. Esta nueva entidad estará presidida por el Ministro de Vivienda o su delegado, cuyo voto será dirimente. También lo conformarán un representante de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y un delegado de los municipios.  

Este proyecto también prevé la conformación de una Secretaría Técnica, de apoyo al Consejo. Así como la conformación de una Superintendencia, que se encargaría de la vigilancia y el control de los usos del suelo que ejerzan los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Tendrá la facultad sancionatoria y se manejará con independencia financiera y administrativa.

El nuevo superintendente controlaría la aplicación de la planificación con respecto a los usos del suelo y será veedora de las sanciones que impongan los municipios.

Además se encargará de dirimir controversias que surjan entre los diferentes niveles de gobierno por la inadecuada aplicación de los planes de ordenamiento territorial.   

El Superintendente será seleccionado de una terna enviada por el Presidente de la República y escogido bajo los parámetros contemplados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Permanecerá en el cargo por 5 años y solo podrá ser reelegido una vez.

Entre las infracciones consideradas muy graves está la concesión de permiso para urbanizar zonas rurales. Las faltas graves se pueden sancionar con multas de entre 50 y 100 salarios básicos unificados y las muy graves con el doble, es decir desde 100 hasta 200 remuneraciones.

Actualización catastral  

Una de las falencias en el país es la falta de actualización de los catastros. Hasta junio de 2014, 122 municipios de 221 no tenían actualizado sus sistemas de catastro.  

Esta situación dificulta el cobro de predios y da paso a los asentamientos humanos irregulares en donde faltan servicios básicos. Por ello el capítulo IV de la propuesta legal dispone que el catastro sea nacional, integrado y georreferenciado.  En el país hay sectores que están habilitados y no constan en el catastro de los municipios. Recién en 2010 se hicieron tomas georreferenciales para determinar cuál es el territorio que ha sido poblado. De hecho, en esto trabaja la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares con la finalidad de erradicar las invasiones. En el país hay 352 zonas irregulares confirmadas.

Al respecto Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, subrayó que en este período tienen previsto concretar el proyecto de la ‘Revolución Urbana’, tomando en cuenta que no existe planificación en el crecimiento de las ciudades y que además todavía hay asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Esos lugares soportan inundaciones, problemas que se presentan precisamente por no contar con una adecuada planificación, ordenamiento territorial y un manejo técnico como corresponde al uso del suelo.

La Asamblea tiene previsto utilizar las herramientas necesarias para que la ciudadanía conozca el contenido de este proyecto y pueda realizar observaciones que lo mejoren. Las socializaciones se harán en diversas provincias del país. Las primeras serán en Cuenca y Quito el 5 y 10 de febrero, respectivamente.

DATOS

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea también trabaja en la Ley de Telecomunicaciones. Al respecto la mesa legislativa sugirió al pleno de la Asamblea allanarse a las 24 observaciones que realizó el Ejecutivo.

Según la Comisión estos cambios evitarían posibles confusiones con otras normas legales.   

Entre los cambios está que los prestadores privados que concentren mercado paguen al Estado un porcentaje de sus ingresos totales anuales del 35% y no del 30% como constaba originalmente.

En cuanto al otorgamiento de títulos habilitantes y su renovación para servicios de radiodifusión, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Las multas  impuestas ingresarán al Presupuesto General del Estado y bajo ningún concepto se eximirá al funcionario de responsabilidades.