El cantón Pastaza acogió ayer a los principales representantes de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales de las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, que participaron en la IV Cumbre Amazónica 2014.

En la cita, que fue convocada por Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, se discutió la propuesta de reformar la Ley 010, la cual distribuye las rentas petroleras en esta región.

La propuesta involucra crear el Fondo para el Ecodesarrollo regional que se incrementará con los ingresos provenientes del impuesto equivalente al 5% del precio de cada barril de petróleo que se extraiga en la región amazónica y se comercialice en los mercados internos y externos. Con ello se plantea que estos recursos se entreguen directamente a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de todos los niveles y que desaparezca el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae).

Previo a este encuentro, varios alcaldes, prefectos, delegados de juntas parroquiales de la Amazonía y el nuevo vicepresidente del Consorcio de Juntas Parroquiales del Ecuador (Conagopare), CarlosLara, se reunieron, en el Municipio de Pastaza, con el alcalde Roberto de la Torre. En el encuentro se debatieron varios temas, entre estos la creación de una comisión técnica que analice la propuesta final de la cumbre y se incluya a representantes del Ejecutivo.

De la Torre desconocía la propuesta, pero pidió un gran consenso entre las aspiraciones de los amazónicos y el Gobierno Nacional.

Una de las propuestas fue de Quishpe y tuvo eco en otras autoridades. El prefecto de Pastaza, Antonio Kubes, quien fue electo por el movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA), señaló que se trata de un tema que abarca a todas las autoridades provinciales, cantonales y parroquiales que buscan el reconocimiento y el derecho de tener estos recursos.

Estas comunidades aspiran con esta propuesta a un incremento del 400% de lo que actualmente reciben. Quieren que el Gobierno “sea sensible” y tome en cuenta los daños ambientales que han sufrido por la explotación petrolera.

El exalcalde de Joya de losSachas (Orellana), Telmo Ureña, recordó que durante su administración se rechazó esta propuesta porque se prefirió que el Gobierno realice directamente las obras en beneficio de la comunidad.

Esta provincia registra cerca de 40 años de actividades petroleras y el Gobierno propone que los excedentes de este recurso no renovable se inviertan en el área rural que tiene deficiencias. De hecho ya se han inaugurado en las zonas aledañas a los campos las llamadas ciudades del milenio equipadas con los servicios básicos.

Antecedentes

La Ley 010 se expidió en septiembre de 1992. La norma gravó con $ 0,06 cada barril de petróleo extraído en el Oriente. Los recursos formaron un fondo que tiene como objetivo fomentar la conservación del ambiente y fortalecer los organismos seccionales.

En enero de 2008, se expidió una reforma. Ahí se elevó de $ 0,50 centavos a $ 1 por cada barril del petróleo y se estableció una nueva división. El 58% es para los municipios y las parroquias rurales de Río Verde y Río Negro, del cantón Baños; y las parroquias rurales Matus, el Altar, La Candelaria y Bayusing, del cantón Penipe. El 28% es para los consejos provinciales y un fondo para el fortalecimiento de la educación superior; el 9% para el Ecorae y 5% para la creación del Fondo de Desarrollo Parroquial Amazónico.

Los porcentajes a favor de los GAD se distribuyen: el 60% partes iguales; el 25% en proporción a la población de cada jurisdicción y el 15% restante en base a la producción de petróleo de cada provincia.
Existe una propuesta que fue presentada el 3 de agosto de 2011 por la legisladora Magali Orellana (PK) pero que no se aprobó en la Asamblea. Hasta ahora ninguna autoridad gubernamental ha reaccionado a la propuesta.