La comisión técnica que se conformó para concretar una reforma a la Ley 010 se reunirá este viernes 5 en Quito. El objetivo es definir una propuesta final que será entregada al Ejecutivo.

Esta comisión está integrada por los 3 niveles de gobierno: parroquial, cantonal y provincial de la Amazonía. Sus integrantes fueron electos la semana anterior para acelerar el paso a una reforma de esta ley, que busca elevar el porcentaje del presupuesto que reciben actualmente por los ingresos petroleros. Las autoridades buscan lograr una distribución más “justa” de sus recursos para obras en sus comunidades.

La actual Ley 010 creó el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento de sus organismos seccionales (Ecorae) y reparte las rentas del petróleo entre los gobiernos locales amazónicos. Con una reforma realizada en 2008, los gobiernos locales amazónicos reciben $ 1 por cada barril comercializado de petróleo que se extrae de su subsuelo. El 80% de estos recursos se dedica exclusivamente a inversión y el 20% restante a gasto corriente.

Según Saúl Cárdenas, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), la propuesta de los gobiernos provinciales es que se eleve a $ 5 este ingreso, mientras que los gobiernos cantonales y parroquiales desean un incremento de $ 3, propuesta impulsada por este consorcio.

Cárdenas explicó que las prefecturas de Napo y Sucumbíos están de acuerdo con los $3, mientras que el resto de las 6 provincias amazónicas no lo está. Por este motivo esta comisión técnica busca un consenso final el cual será revelado a un representante del Ejecutivo el próximo 18 de septiembre.

Antecedente

El pasado 22 de agosto se realizó la IV Cumbre Amazónica en Puyo. Dirigentes como Jaime Vargas, presidente de la Nacionalidad Achwar del Ecuador (NAE), Carmen Suquilanda del pueblo Saraguro de Zamora, Carlos Lara, vicepresidente de la Consorcio de Juntas Parroquiales (Conajupare) y el asambleísta Carlos Viteri Gualinga, presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, manifestaron su apoyo a la reforma a la Ley 010, pero piden que se logren mayores consensos entre los diferentes niveles de gobierno.  
Entre otros de los objetivos de las autoridades locales, dijo Cárdenas, está lograr que la producción y el turismo sea una competencia de los gobiernos locales para producir productos de la zona y generar fuentes de empleo.

Reacción del Gobierno

El presidente Rafael Correa ya se pronunció sobre la propuesta en el enlace ciudadano del sábado pasado. Allí expresó que le parece lógico aumentar los ingresos petroleros a la región Amazónica debido al aumento de precio del crudo en los mercados internacionales.

Sin embargo, cuestionó que muchos de los dirigentes locales de la Amazonía, sobre todo de Pachakutik, se hayan opuesto a la explotación del ITT, lo que consideró una irracionalidad.

Por eso pidió que antes de debatir cualquier reforma a la Ley 010 los alcaldes, prefectos y miembros de las juntas parroquiales expresen su apoyo a la explotación del ITT.

De hecho, la semana pasada un grupo de alcaldes amazónicos ya emitió un manifiesto en el que confirman su apoyo a la explotación petrolera con responsabilidad.

Pachakutik no quiere extraer petróleo del ITT porque está en la reserva Yasuní donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. Sin embargo, el Gobierno indicó que los recursos servirán en gran medida para saciar las necesidades insatisfechas de la región amazónica.

Uno de los principales auspiciantes de la Cumbre Amazónica y de la propuesta de reforma a la Ley 010 es el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe.

El político ha tenido un discurso crítico con la actividad petrolera y minera en su provincia.

DATOS

La comisión técnica está conformada por Carlos Coronel, Marco Contreras y Vinicio Cueva, en representación de los municipios. Roberto Puentes, Marcelo Villegas, y Vinicio Vivanco son los representantes de las juntas parroquiales. De parte de los gobiernos provinciales están Romanelli Carrillo, Enrique Morales y Luis Lugli.   

La Ley 010 se expidió en septiembre de 1992. La norma gravó con $ 0,06 cada barril de petróleo extraído en el Oriente. Los recursos formaron un fondo que tiene como objetivo fomentar la conservación del ambiente y fortalecer los organismos seccionales.

En enero de 2008 se expidió una reforma. Ahí se elevó de $ 0,50 centavos a $ 1 por cada barril del petróleo y se estableció una nueva división.