El contralor Carlos Pólit aseguró que esta entidad ha detectado 115 irregularidades en Esmeraldas, presuntamente efectuadas durante la declaratoria de emergencia de esa provincia.

Los problemas ocurrieron en varias instituciones públicas, entre oficinas regionales del Gobierno central, municipios o la Prefectura.

Según el funcionario, una de las entidades investigadas fue la empresa municipal de agua potable de Esmeraldas. Fue allí donde se habría producido el cohecho denunciado por el vicepresidente Jorge Glas y que involucra a una asambleísta.

De hecho, la Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal por el proceso precontractual en la provisión de tubería.

En una entrevista con el canal Ecuavisa, Pólit indicó que ya entregó la notificación a los 137 asambleístas de que su declaración patrimonial será inspeccionada.

Además aclaró que las cuentas bancarias también serán vigiladas por lo que se ha notificado a la Superintendencia de Bancos. Y añadió que si se detecta un movimiento sospechoso en algún familiar el examen incluirá a terceros.

Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), criticó que se haya incluido a los 137 asambleístas puesto que da la imagen de que todos son culpables.

M.E.G., la asambleísta que habría pedido $ 800.000 a una empresa para asignarle un contrato, actualmente está bajo prisión preventiva. Ella sigue en su cargo ya que la Asamblea solo puede destituirla cuando haya una sentencia ejecutoriada. Otras dos personas también están en prisión, mientras siguen las investigaciones. (I)