El contralor subrogante, Pablo Celi, mediante oficio, solicitó al presidente de la Corte Constitucional (CC), Alfredo Ruiz, que informe sobre las sanciones impuestas a las juezas Tatiana Ordeñana y Marien Segura.

Las magistradas debían sustanciar las viabilidad de la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno, pero según la Contraloría, la CC no se pronunció en el tiempo que determina la ley. 

El oficio recuerda que según el artículo 431 de la Constitución, "los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones".

Además, según lo que establece el número 7 del artículo 191 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es que, sobre las funciones que le corresponde al Pleno de la CC está el "ejercer la función disciplinaria respecto de la actuación de las juezas o jueces de la Corte Constitucional y sancionar de conformidad lo establecido en esta ley".

En su contestación, Ruiz indica que el pedido será incluido en el orden del día de una sesión del pleno de la Corte Constitucional. Destacó que el oficio de la Contraloría, enviado el pasado 7 de diciembre, fue ingresado el 12 del mismo. (I)