Los constitucionalistas creen que el presidente de la República, Lenín Moreno, colocó la primera piedra para reinstitucionalizar al país. El Primer Mandatario envió dos decretos al Consejo Nacional Electoral (CNE), para pedir la convocatoria a la consulta popular.

Este Diario consultó con expertos sobre el tema y ellos coinciden en señalar que no había otra salida porque la Corte Constitucional (CC) se quedó de brazos cruzados. Incluso algunos juristas creen que esa fue una estrategia política para “dilatar el dictamen” sobre las 7 preguntas que propuso el Presidente.

Entre ellas, las más importantes son dos: eliminar la reelección indefinida y cesar a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana.

Esas preguntas afectan directamente al expresidente Rafael Correa, quien está en Ecuador y “trató de influir en los jueces de la CC para que emitan un dictamen negativo”, denunciaron activistas políticos. Él insiste en regresar al poder y no está de acuerdo con recomponer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que elige a las máximas autoridades de control.

Según los juristas, el presidente Moreno actuó apegado a la Constitución y a la Ley    Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

La Carta Política en su artículo 147 dice que una de las atribuciones del Presidente de la República es convocar a consulta popular.

La Corte Constitucional, que está conformada por nueve  jueces, todos vinculados al anterior Gobierno y al expresidente de la República, tiene 20 días para emitir una resolución, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales.   

El Primer Mandatario envió las preguntas, el pasado 2 de octubre, pero pasaron 56 días y la CC no hizo ningún dictamen.

Los analistas explican que si no hubo resolución sobre la consulta, se entiende que esta fue favorable. Eso significa que el presidente Moreno tenía vía libre para pasar la consulta al CNE.

Para el constitucionalista guayaquileño, Roberto López, las leyes se escriben para acatarlas. La CC tenía el deber de emitir el dictamen en 20 días, que incluyen los 8 fines de semana y los feriados 2 y 3 de Noviembre, pero no lo hizo. “La CC se reúne el martes próximo para analizar la consulta, pero su dictamen será extemporáneo. El Presidente actuó de acuerdo a lo que dice la ley”, explicó.

Él dijo que la CC debía resolver este tema en los primeros días de noviembre, pero ya es diciembre y el plazo está vencido en exceso.

Recordó que Correa hizo lo mismo que el presidente Moreno. El exmandatario convocó a consulta a los habitantes de La Concordia para definir si pertenecerían a la provincia de Esmeraldas o a la de Santo Domingo.

Coincide con eso el constitucionalista Stalin Raza. “La Corte perdió competencia para tratar la consulta y no puede emitir ningún dictamen, si lo hace no será válido”, sentenció.

Según el constitucionalista Mauro Terán, “hubo falta de probidad para resolver el pedido presidencial. La actuación de Moreno fue precisa, correcta e hizo notar la falta de formación en los integrantes de la Corte, que fueron elegidos a dedo”, explicó a este Diario.

El exjuez de la Corte Constitucional, Antonio Gagliardo, explicó a este Diario que la Corte se basó en un reglamento interno sobre el plazo para hacer su trabajo. Sin embargo, la ley está por encima de ese reglamento, argumentó.

Pero el tiempo y los plazos han sido interpretados a su manera por la Corte Constitucional.  En algunos casos, el organismo ha respondido con mucha rapidez. Por ejemplo, el pedido del colectivo Rafael Contigo Siempre para derogar la disposición transitoria de la Constitución que impide al expresidente reelegirse, la CC se tardó menos de un mes. Ese pedido se hizo en marzo de 2016 y el 13 de abril de ese año, la CC emitió su dictamen.

La exjueza Nina Pacari subrayó que ya existe jurisprudencia sobre el tema y la CC tenía que cumplir con su trabajo. “No pueden justificar el plazo con un reglamento”.

Las consultas populares en la historia ecuatoriana

Ecuador ha tenido consultas, referéndums y plebiscitos a lo largo de su historia republicana. La primera fue el 9 de junio de 1869. El presidente Gabriel García Moreno llamó a referéndum a la Constitución conocida como “Carta Negra”. El 15 de enero de 1978, el triunvirato militar de Alfredo Poveda Burbano, Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco hizo una consulta para aprobar una nueva Constitución.

El 24 de febrero de 1986, el presidente León Febres-Cordero preguntó al pueblo si estaba de acuerdo con que ciudadanos independientes puedan ser elegidos para cargos públicos.

El presidente Sixto Durán Ballén convocó a dos plebiscitos: el primero fue el 28 de agosto de 1994 para que personas sin afiliación a partidos políticos participen en elecciones populares. El segundo fue el 26 de noviembre de 1995, que tuvo 11 preguntas, pero ninguna fue aprobada por la ciudadanía, entre ellas planteó escoger las prestaciones de seguridad social entre el IESS o cualquier aseguradora privada, y la transferencia de competencias y recursos a los organismos seccionales.

El 25 de mayo de 1997, Fabián Alarcón llamó a consulta para  legitimarse en el poder, después de que Abdalá Bucaram fue depuesto por incapacidad mental. Allí se desconoció el derecho de sucesión a su vicepresidenta, Rosalía Arteaga.

El 26 de noviembre de 2006,  Alfredo Palacio convocó a plebiscito para establecer políticas públicas.

El 15 de abril de 2007, Rafael Correa convocó a plebiscito y preguntó a la ciudadanía sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente con plenos poderes para redactar una nueva Constitución.

El 28 de septiembre de 2008, otra vez el presidente Rafael Correa pidió la aprobación de la Carta Política, elaborada en Montecristi.

El 7 de mayo de 2011, Correa, convocó a referéndum y a consulta popular, que incluyó 10 preguntas.

La oposición apoya al Primer Mandatario

El ala correísta de PAIS presentó una demanda de inconstitucionalidad a los decretos enviados al Consejo Nacional Electoral por el presidente de la República, Lenín Moreno. La oposición apoya la consulta. Héctor Muñoz, de SUMA, dijo a este Diario que “son patadas de ahogado porque el presidente Moreno está amparado en la norma y apoyado por la ciudadanía”.

Otros incluso creen que los legisladores correístas deben ser sancionados y destituidos por oponerse a la labor del Consejo Nacional Electoral, opinó Eddy Peñafiel, de Pachakutik e integrante del Bloque de Integración Nacional (BIN).

Para Jimmy Candell, del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente,  es una reacción “tardía y fuera de lugar. Todo está consumado, iremos a las urnas el 4 de febrero de 2018”. La Contraloría y el CNE deben actuar, hay conspiración contra la recuperación de la institucionalidad, dijo.

Otros recordaron que el expresidente Rafael Correa hizo lo mismo con una consulta popular. “Los correístas vuelven a hacer el ridículo nacional, la ley dice que si no existe una resolución  de la CC en 20 días, se entiende que su dictamen es favorable”, dijo Roberto Gómez, de CREO. (I) et