A nueve años de su aprobación por votación ciudadana, la Constitución de Montecristi ha pasado por dos modificaciones: la primera por vía consulta popular y la segunda, a través de una enmienda aprobada por el Legislativo. Ahora, se plantea una nueva consulta, auspiciada por el Ejecutivo.

Cuando entró en vigencia el entonces presidente de la República, Rafael Correa, manifestó que estaba diseñada para una duración de 100 años. Sin embargo, la Carta Política durante este tiempo ha sido elogiada por unos y cuestionada por otros.

Quienes defienden el texto la consideran una Constitución de vanguardia, que garantiza derechos ciudadanos; pero sus detractores sostienen que también ha permitido la injerencia del Poder Ejecutivo en otras funciones del Estado, entre otras observaciones.

Para el constitucionalista Kléber Sigüencia, la normativa precautela  derechos humanos y sus artículos son de directa e inmediata aplicación, es decir, “que no se requiere de una ley expresa que desarrolle los derechos para que pueda ser exigible ante las autoridades competentes”.

Temas como la inclusión de minorías, derechos de la naturaleza, la interculturalidad, soberanía y la participación de los ciudadanos en los poderes del Estado están inmersos en el texto.

Virgilio Hernández, quien participó en la redacción de la  Constitución, destacó que el texto planteó una nueva visión del Estado, que recuperó su identidad al declararlo como pluricultural, regulador y administrador. “Eso ha permitido que se realicen leyes a favor de la ciudadanía, obras de infraestructura, redistribución de la riqueza y una mejor planificación en función de derechos”.

Hernández y Sigüencia coincidieron en que se pueden aplicar cambios, pero no tratar a la ligera la posibilidad de una reforma, por el contrario, debe usarse para temas excepcionales que no alteren sus principios ideológicos porque al reformarla constantemente “se proyecta una imagen de inestabilidad, no solo en el ámbito político, sino en todas las esferas del Estado, es nuestra carta de presentación internacional”, subrayó Sigüencia.

En cambio, el exasambleísta constituyente César Rodríguez sostuvo que hubo irrespeto al mandato de que el poder sea controlado desde la ciudadanía. “Se rompió con el marco teórico desde el Consejo de Participación Ciudadana, al demostrar que se  sometió al Ejecutivo, por eso es necesario reformarla y buscar otro anclaje para garantizar la participación”.

Criticó, además, lo que denominó blindaje a determinados funcionarios de Estado para ser sometidos a juicios políticos, por ello plantea que el pedido de consulta popular que promueve el régimen no debe ser desaprovechado para, dijo, “recuperar la institucionalidad del Estado que por la práctica vivida no facilita la independencia de poderes, pesos y contrapesos, facilitando la corrupción; la consulta es la vía idónea”.

Pero Hernández argumentó que este tipo de propuesta es regresiva en derechos, al pretender eliminar el CPCCS, pues, además de afectar la estructura del Estado, elimina el involucramiento de las personas a participar en cuestiones políticas.

“Parecería que ponen en grado superlativo sus objetivos y necesidades políticas, de tal manera que  si hay que ir a un debate serio, hay que dejar de pensar en los objetivos políticos de estos sectores de oposición y fundamentar los temas que deban ser cambiados”, indicó.

El catedrático Jorge Zavala Egas es partidario de que la Constitución sea sometida a enmiendas, porque hay que eliminar aspectos que permiten cierto autoritarismo en la gobernabilidad.

“El error más grave es haber impedido la separación de las funciones del Estado, porque de esta forma no habrá un sistema judicial y un poder electoral, una fiscalización eficaces, se requiere una enmienda a la estructura del CPCCS y al tema de la relección”, arguyó.

Zavala Egas también respaldó las iniciativas de reforma constitucional, con tal de que permitan el reordenamiento de las funciones del Estado, “porque sería una tranquilidad que no sea más allá del mes de enero y saber que el país se afianza al poner a trabajar las funciones en independencia”.

Pero, llegar al cambio de funciones totalmente separadas no es algo que se pueda efectuar rápidamente, incluso llevaría años para establecerlo. Así lo manifestó el analista Jacinto Velásquez. Dijo que la actual Constitución ha permitido en Ecuador el síndrome del presidencialismo, que se caracteriza en que los problemas políticos giran en torno a la figura del Mandatario y no en las entidades correspondientes.

“El presidencialismo está en crisis en Latinoamérica y debemos emitir las alertas para evitar que una persona sea el centro del todo”, sostuvo Velásquez.

Por ello, sugirió, en caso de aprobarse una reforma, se reestructuren y dividan las funciones del Estado, desde ya se debe concienciar y socializar los planes por seguir.

“La necesidad de que se comience a discutir de política en serio, no digo que se cambiará ahora, sino sustituir esto que una persona dice y el otro no comparte, por algo como el parlamentarismo europeo, de una mayoría en alianza de 3 o 4 partidos y de ahí un ejecutivo”, puntualizó.

No se trataría, dijo, de un Jefe de Estado sin mayores funciones, pero tampoco de que exista un administrador obsoleto, sino que donde hay  derechos sujetos, sus deberes fijarlos bien para que el pueblo elija a un Presidente que no sea un dios. Consideró que en los cambios no exista el juego político de blindajes o se repita la influencia en el Estado. (I)

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