La Asamblea Nacional no podrá actuar aún sobre los 6 legisladores señalados por la Contraloría General del Estado. Deberá esperar a que culmine la etapa de indagación previa que ya inició la Fiscalía, para determinar las presuntas responsabilidades respecto a un incremento injustificado de sus patrimonios.

En efecto, el órgano de control remitió en días pasados a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, el informe preliminar de las auditorías que el mismo Legislativo solicitó el año pasado sobre los 137 asambleístas.

Los nombres de los señalados no pueden ser publicados, ya que así lo establecen los artículos 66 y 76 de la Constitución, así como el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionados a la presunción de inocencia.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, afirmó que hasta que la Fiscalía del Estado no culmine las indagaciones previas, la Asamblea no podrá tomar acción alguna sobre los 6 legisladores señalados.

“La Contraloría emitió su informe preliminar y lo remitió a la Fiscalía y, por lo tanto, los asambleístas no podemos  tener acceso a esa información de todos los que están involucrados, porque están en indagación previa”, indicó Carrión.

Recordó que todos los asambleístas ya han sido notificados y los que estén señalados tendrán que presentar sus pruebas de descargo, por tal motivo no se puede emitir criterio ni tomar resolución alguna.

“Ahora se investiga si efectivamente existe un tipo de irregularidad, la Comisión de Fiscalización solo actuará una vez que la Fiscalía General del Estado establezca las responsabilidades, si las hubiere”, sostuvo Carrión.

En el mismo Legislativo hay asambleístas, incluso de Alianza PAIS, que sugieren que el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, pida una licencia, ya que él ha sido señalado en el caso de los ‘Papeles de Panamá’.

Para el asambleísta Christian Viteri, la licencia se justifica porque es el Fiscal quien investigará las declaraciones patrimoniales de los asambleístas. Y son ellos justamente los únicos que  pueden fiscalizar a Chiriboga. “Entonces ahí sí podría generarse un conflicto de intereses”.

La titular de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, anunció que  una vez que culminen las investigaciones de la Fiscalía, como bloque de Alianza PAIS, serán absolutamente radicales para establecer las sanciones, si es que alguno incumplió la ley.

Aunque por ley, los nombres de los legisladores señalados se mantienen en reserva, un diario de Quito publicó en días pasados una breve entrevista con el asambleísta de PAIS, Ulises de la Cruz, quien sería uno de los que está mencionado en el informe.

En la entrevista, el legislador aseguró que el problema se origina por unos terrenos que eran de su propiedad y que luego donó, pero aún constan como suyos. Al parecer, dijo,  en el Municipio del cantón Bolívar (provincia de Carchi), el catastro lo coloca todavía como propietario.

Esos terrenos se encuentran en la localidad de Piquiucho. De la Cruz manifestó: “Yo, como futbolista, compré terrenos en 2007 y doné a mi fundación para proyectos de educación, como la Escuela del Milenio, así como ahora hice con la Liga Deportiva Universitaria. Son municipios pequeños”.

Agregó que ese era el único problema con la Contraloría y que se trataba más bien de un tema social. “A mí no me habían comunicado, solamente apareció en el Municipio (del cantón Bolívar) que yo no había tomado en cuenta eso. Aparecía como propietario por el catastro, no por la escritura”. (I)