El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) tiene luz verde para iniciar la selección del nuevo contralor del Estado. Esto, una vez que la entidad recibió la notificación de la censura al excontralor, Carlos Pólit.

En reiteradas ocasiones, la titular del Cpccs, Raquel González, reiteró que el reglamento del concurso público será socializado por juristas especializados, que aporten con ideas para mejorar la selección, con el objetivo de reforzar la transparencia en el proceso.

Hay cambios ya en el reglamento, entre ellos, la presentación obligatoria de la declaración patrimonial juramentada y la certificación de que los postulantes no tienen bienes ni recursos en paraísos fiscales. Este último punto en concordancia con lo que aprobaron los ecuatorianos en la consulta popular del 19 de febrero. González señaló también que ahora la declaración patrimonial será presentada previo al concurso y no antes de posesionarse.

Según González, la notificación de la censura por parte de la Asamblea se realizó el 13 de julio. “Una vez que recibimos la notificación de la Asamblea, tanto de la renuncia irrevocable, cuanto de la censura producto del juicio al excontralor Pólit, iniciamos el proceso para la designación de la primera autoridad de esa dependencia”.

La semana pasada, González acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que dirige María José Carrión, para responder preguntas y entregar una copia del reglamento propuesto por la entidad para el concurso. Aspiran a que  expertos en la rama del Derecho realicen aportes que aseguren una mayor transparencia.

Al respecto, juristas consideran que los reglamentos para los concursos públicos para las autoridades de Control deben estar estandarizados. Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas,  cree que el hecho de aprobar un texto para cada concurso genera dudas sobre la transparencia.

“Todas los designados para el Control tienen la misma función de fiscalizar. Esos son iguales requisitos para otras autoridades como asambleístas o Presidente”.

Para Salazar, la transparencia debe ser la base, por eso estima que la academia y los gremios de profesionales pueden entregar aportes para fortalecer el sistema.

Una postura similar tiene el docente universitario Eduardo Argudo, quien apunta que lo correcto sería que la mayor cantidad de ciudadanos se interesen en participar en las veedurías. Califica como “un fallo” del Cpccs que no motive a la ciudadanía a ser parte como veedores de estos procesos de selección.

En cuanto a los cuestionamientos y críticas al Cpccs por el pasado proceso de selección, González recordó a los actores políticos que la entidad siguió “todos los pasos establecidos en el Reglamento y, en particular, sobre la elaboración y cadena de custodia del banco de preguntas para la etapa de oposición o rendimiento de pruebas de los aspirantes”.

Además, enfatizó en que los actos, por los que se acusan al excontralor, se conocieron después de la designación. También detalló que durante la etapa de impugnación no se registraron objeciones a su candidatura. “Ningún actor que ahora reclama se acercó a nosotros a impugnar la postulación del excontralor”. Por ello hizo un llamado a la ciudadanía a que se empodere de los procesos de veeduría ciudadana. Para evitar que se den casos similares al de la Contraloría.

Otra observación fue sobre el porcentaje de asistencias del excontralor a su despacho, que no supera el 34%, entre enero y junio de 2017. González recalcó que el tema habría sido materia de análisis solo si en la etapa de impugnación algún ciudadano presentaba una denuncia en ese sentido. “No podemos actuar de oficio y tampoco teníamos conocimiento de ese particular”.

El actual reglamento otorga entre 7 y 9 meses para realizar el nuevo concurso y dar a conocer el nombre del nuevo funcionario. Hasta tanto seguirá en funciones el contralor subrogante, Pablo Celi. (I)

Datos

Según el artículo 211 de la Constitución, la Contraloría es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales.

También es la entidad que se encarga de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

Entre las funciones del Contralor, según el artículo 212 de la Carta Magna está dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, externa y del control interno de las entidades.

Además es potestad de esa entidad, determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionados con los aspectos y gestiones sujetas a su control.