Hace 8 años, 44 jubilados presentaron un pliego de peticiones para que el prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, cumpla con el artículo 8 del Mandato Constituyente 2, el cual hace referencia al pago de 7 salarios mínimos por concepto de liquidación.

Tras un largo proceso y de lucha para que la autoridad provincial cumpla con la normativa, el 31 de julio de 2015 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje falló a favor de los extrabajadores, por lo que Curicama debía cancelar las  jubilaciones, que en total suman  $ 2’162.727.

Sin embargo, han pasado más de 3 años y el pago no se cumple.

Wilson Velasteguí, presidente del Comité Especial de los Jubilados del Consejo Provincial de Chimborazo, señaló a los medios públicos que el 9 de febrero de 2018, desde la Inspectoría Provincial, se ordenó el pago de la diferencia en las jubilaciones.

“Lo que estamos pidiendo es la diferencia, en ningún momento es doble jubilación. Queremos que el prefecto Curicama entienda y cumpla”, indicó indignado.

La cancelación debía ser de 7 salarios mínimos por cada año de servicio, pero la liquidación fue de 3 salarios.

Desde junio de 2018, los jubilados realizan a diario un plantón en los exteriores del Consejo Provincial de Chimborazo; tres personas ya han fallecido.

César Robles, abogado defensor de los jubilados, manifestó que, debido al incumplimiento de la sentencia, se solicitó el embargo de las acciones que el GAD de Chimborazo tiene en la Empresa Eléctrica Riobamba. “Esto es la aprehensión del título y la inscripción correspondiente en el libro de acciones y accionistas de la compañía eléctrica Riobamba S.A.”.

El martes pasado se dio paso al embargo de las acciones, ahora esperan la designación de un perito para continuar con el proceso. “Se hará el avalúo de las acciones que contiene el paquete accionario e inmediatamente solicitaremos día y hora para que se efectúe el remate de esas  acciones”, dijo Robles.

Para Velasteguí, si el Prefecto paga lo adeudado, el remate quedaría sin efecto. “Los jubilados no queremos que esas acciones salgan al remate. No es lo primero que va a perder el Consejo Provincial, ya perdió la Laguna Negra, la isla de parte de Cumandá. A él (Prefecto) no le interesa nada de la provincia, no es posible que por la tozudez se pierdan las acciones de la Empresa Eléctrica”.

Según los demandantes, además existen pagos de honorarios por más de $ 100.000 y el objetivo es alargar el proceso. “De lo que conocemos, por un expediente judicial que tenemos abierto, se han pagado miles de dólares en la contratación de abogados externos”, cuestionó Robles.

De acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado, existe una denuncia presentada con base en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP),  por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad correspondiente al pago a los jubilados. (I)