Zapata: “Hemos tenido 20.751 alertas de aglomeraciones”
Está en su centro de operaciones que funciona 24 horas al día durante los siete días a la semana. Es, además, el creador de la campaña “Corazones Azules” para reducir los accidentes de tránsito. El capitán e ingeniero Juan Zapata conversó con EL TELÉGRAFO sobre el trabajo del ECU-911 durante la emergencia sanitaria.
¿Cuál es el análisis de los nueve centros de alerta del ECU-911 en este mes de aislamiento social?
Estamos desde el 12 de marzo que inició la crisis y hasta hoy hubo 1’404.304 alertas de llamadas. Hicimos la comparación con el 2019, cuando hubo 1’343.895; hay un incremento del 4,5% de llamadas de alerta. Las provincias que más nos han llamado son Guayas, Pichincha y Manabí. Ellos hicieron el 52% de las llamadas. Pero traducido a emergencia tenemos 494.506. Estamos a punto de llegar al medio millón de llamadas de emergencia. Eso respecto al mismo período del año anterior son 400.794, lo que significa un incremento del 23,4%.
¿Qué significan esas cifras?
Siempre la seguridad ciudadana generó el mayor número de emergencias, con el 75%. Pero hace unos 20 días esto bajó el 40%; ahora nuevamente repunta ese tema y tenemos el 70%. Al inicio de la pandemia la gente estaba en la casa y menos gente en la calle. Estaban tranquilos, pero actualmente generan alertas de seguridad ciudadana y tenemos 495.185 respecto al número general de emergencias, que es 60%. Además, hay otro indicador en la gestión sanitaria donde teníamos 11%, hoy está en el 33% y llegó a ser hasta del 40%.
¿A qué se refiere con gestión sanitaria?
Todo lo que es la Red de Salud Pública, pedidos de ambulancia, código ESPI. Tenemos 61.778, hay el 162% de aumento con respecto al año anterior. Es lógico porque vivimos una crisis sanitaria, la gente requiere los servicios operativos. Hay algo que nos llamó la atención, el mal uso de la línea.
Las llamadas falsas al ECU-911
La primera semana de aislamiento social tuvimos 56% de mal uso en la línea. Es decir, de cada 10 llamadas seis eran de mal uso. Eso ha bajado un poco, hoy tenemos el 48%, o sea de 1’404.304 llamadas hay 610.000 de mal uso. Eso en costo económico es cerca de 1’300.000 dólares porque cada llamada tiene un valor de la conectividad, de la hora-hombre, sin generar recursos de despacho, sino solamente la llamada, y el tiempo está entre $ 2. Es decir, hay $ 1.000.000 desperdiciados en costo de operatividad. No solo es el dinero, pero lo más delicado es la pérdida de tiempo. Muchas veces un operador que tiene que atender una emergencia de violencia de género, que requiere en ese momento enviar un patrullero, o una emergencia de covid-19, está atendiendo la irresponsabilidad de un ciudadano que pide hamburguesas.
¿Cuál es su explicación para las llamadas falsas?
Es un tema cultural y de no entender que la línea 911 salva vidas. Es un tema de juegos absurdos.
Mucha gente me dice que esas llamadas deben ser de niños y jóvenes. No es el multitarget: hay de la tercera edad, jóvenes, adultos, niños. Por ejemplo, hay pequeños que empiezan a cantar reguetón en la línea, niños que se hacen pasar por el presidente de Estados Unidos. Hay adultos borrachos que piden patrulleros para que los dejen en sus casas.
También adultos mayores que piden indicaciones sobre cómo llegar a la tienda que está a la vuelta de sus casas.
¿Las sanciones por esta emergencia (COE) son las mismas que se aplican en el toque de queda?
Empezamos con la nueva reglamentación: la primera $ 100, la segunda $ 400 y la tercera la detención. Eso se cobrará a partir de agosto en la cuenta telefónica. La gente ya sabe que hay sanciones por las falsas llamadas al ECU-911. En marzo suspendimos 11.423 líneas; y de enero a marzo 35.830. Pero la resolución del COE no afecta la legislación vigente. Por eso llevaré una estadística de quién tiene primera, segunda y tercera reincidencia para la suspensión de líneas.
¿Pero el ECU-911 dio un giro por la emergencia?
Estamos atendiendo nuevos casos como el código ESPI, eventos internacionales de magnitud, como esta pandemia. Además de lo que hacemos, recibimos 12.602. 11.002 llamadas han sido código MSP, eso significa que le enviamos al Ministerio de Salud el modelo. Estamos todas las instituciones articuladas: le envía al médico y enviamos ambulancia, a hacer exámenes o al hospital. De allí salen los datos para la ministra de Gobierno. El 65% de esas atenciones han estado donde es el epicentro de covid-19: Guayas, Los Ríos y Pichincha. Pero Guayas tiene el 48%, esto significa que tenemos que atender las aglomeraciones. Tuvimos 20.751 alertas de aglomeraciones de más de 30 personas.
¿Han reportado fiestas?
Hace una semana y media reportamos 15 fiestas en Quito, con escándalos y borrachos. Alteraciones al orden y escándalos por el alcohol ingerido en la calle. No sé si los ecuatorianos tenemos el ánimo de hacer fiesta porque hemos perdido a muchos hermanos que han muerto en esta emergencia sanitaria. Esa es una falta inmensa de cultura y de solidaridad. Inclusive, en algunos casos llega la Policía y es agredida, es una aberración a lo que se quiere como país. Los policías van a esos sitios para decirles que existe una probabilidad enorme de que se contagien si siguen en fiestas. En una de ellas había 60 personas en una casa en la capital.
¿A esos ciudadanos hay que enviarles a la cárcel?
No se trata de eso, pero deben tener más conciencia. Hemos tenido 20.751 aglomeraciones en mercados y tuvimos 1.645 eventos, incluidos 18 disturbios como los del Mercado Mayorista en Ambato y en el de Quito. Las principales aglomeraciones han sido en Pichincha con 16,2%; Guayas con 12,7%; y Azuay con el 6,7%. Estas tres provincias hacen el 33%; en el tema de mercados tuvimos problemas más fuertes y contra los agentes municipales en Quito y Ambato. La Policía tiró gas y eso fue registrado. También hubo problemas en los mercados de Guayaquil y en Cuenca.
¿Qué problemas han tenido con la violación al toque de queda?
Registramos 42.800 alertas, de las cuales 39.456 fueron generadas por videovigilancia. Aquí hago una referencia, atendemos 5.800 cámaras a nivel nacional. El ECU-911 tiene dos competencias: la articulación de emergencias en seguridad ciudadana, gestión de riesgos, sanitaria, en tránsito y movilidad, y en transportes municipales. La otra competencia es la videovigilancia. Es importante que las personas que trabajan las 24 horas del día detrás de una cámara en turnos rotativos puedan determinar el irrespeto a las normas del COE nacional.
El 95% son por videovigilancia. Las principales provincias no han hecho caso al toque de queda: Manabí, con el 16%; Esmeraldas, con el 12%, Santo Domingo, con el 11%; y Pichincha, con el 10%.En el caso de Guayas es una ciudad muy indisciplinada, pero cuando llega la hora del toque de queda se guarda.
¿Qué ha pasado con las llamadas de denuncias laborales?
La gente denuncia que les obligan a trabajar y la empresa no figura entre las que están exoneradas. Hemos tenido 137 activaciones con el Ministerio de Trabajo y se han cumplido las clausuras, cierres y sanciones. Cuenca, Quito y Ambato son las ciudades que más han irrespetado esto. Por ejemplo, librerías, mecánicas, casas comerciales que vendían ropa, tela e inclusive empleadas domésticas obligadas a trabajar en casas.
Preocupa que la violencia de género no se detenga ni siquiera en medio de la pandemia.
En el tema de la violencia intrafamiliar hemos tenido 8.621 llamadas. Alrededor de 250 al día. Son de mujeres que llaman porque son víctimas de agresión o violencia. El año anterior, durante el mismo período, tuvimos 13.535; hay una reducción del 36,3%, es decir 4.914 llamadas menos. No nos dejamos engañar porque muchas mujeres no pueden llamar porque le tienen miedo al agresor. Hacemos un llamado a la comunidad, a la familia, no es solo un tema de mujeres. Los familiares deben estar pendientes de los incidentes de violencia y los vecinos estar alerta y llamar al 911 si escuchan gritos. Era difícil y sensible el tema. En ese tiempo, cuando lo analizamos, una frecuencia de 344 mujeres llamaban cada día. No creo que eso haya cambiado. Nos han dicho que no pueden llamar y han pedido la opción de enviar mensajes sms. Con el Mintel estamos desarrollando una plataforma para que ellas puedan reportar las emergencias.
¿Sus funcionarios están capacitados en el tema de violencia contra la mujer?
No es lo mismo una emergencia de tránsito que una por un incendio forestal o por una mujer agredida. He escuchado muchos audios de mujeres y me han dado ganas de llorar. Una mujer escondida en un clóset pedía ayuda desesperada y en voz baja porque su pareja le estaba buscando con un cuchillo. Por eso hicimos un protocolo interinstitucional y ha sido referente internacional: se lo llevaron a Costa Rica. Lo hicimos entre el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Derechos Humanos, la Policía y el ECU-911. Capacitamos a 70 multiplicadores a nivel nacional y ellos debían capacitar a otros. Ya llevamos 200.
¿En qué se basa el protocolo?
En que el evaluador tenga la capacidad de poder controlar la situación, de tranquilizar a la víctima y pedirle los datos de manera urgente. Es un nivel de estrés extremo. Allí hay dos momentos: el primero cuando las víctimas o un tercero llama en el momento de la agresión. El segundo, después de la agresión. Cuando escuchamos violencia familiar o de género enviamos inmediatamente a la Policía o al Ministerio de Salud. Hay que evitar la revictimización y ofrecer primeros auxilios psicológicos. Reforzamos la parte psicológica del evaluador por si pierde la calma y no puede ayudar a las mujeres. Estoy sacando la estadística de cuántas personas quedan detenidas por violencia intrafamiliar.
Según las llamadas de auxilio que ha recibido, ¿cuáles son las provincias que tienen mayor índice de violencia contra las mujeres?
Guayas tiene 2.693 llamadas, es decir el 31,2%; Pichincha 2.143, o sea el 24.9%. Entre las dos provincias suman el 56.1%, un porcentaje altísimo. Hay que trabajar mucho en esto.
¿Cómo ve usted el incumplimiento a la obligación de usar mascarilla y guantes. Hay gente que no puede comprarse esos implementos?
Esa disposición la dio el COE nacional a los GAD. En Quito hay mucha gente que se resiste a llevar ambos elementos de protección. Un factor es porque les resulta incómodo y no entienden el tema preventivo; otro porque no tienen el dinero para comprar. Hay que entender también que con el tema de los guantes puede ser una falsa sensación de seguridad porque para un comerciante autónomo, por ejemplo, es una bomba porque está cogiendo dinero y no se lava las manos ni se pone alcohol. En ECU-911 manejamos la bioseguridad de manera estricta. Reviso tres veces al día.
También están encargados de las personas que viven en la calle.
Hemos tenido llamadas de 1.703 habitantes en situación de calle a nivel nacional, un gran porcentaje en Quito porque coordinamos con el Patronato Municipal.
¿Pero, además, están en la vigilancia de los APO los ecuatorianos que regresaron de otros países?
Son aquellos que están en aislamiento preventivo obligatorio y venían en vuelos humanitarios. Nos dieron una base de datos de 8.876, culminamos las llamadas en un 100% y los enviamos en 11 buses del ECU-911. Hicimos 64 traslados a Santo Domingo, Ambato, Riobamba, Loja y Zamora, con todas las normas de bioseguridad. La gente se alarma, pero son las personas más seguras. Llegaron y cumplieron su cuarentena, han sido evaluadas por el Ministerio de Salud y este les emitió un certificado que determina que se encuentran en óptimo estado de salud. Se embarcaron en el bus del ECU y los llevamos a través del corredor humanitario. La gente se asusta, pero no existen personas más seguras que ellas.
La Ministra de Gobierno dijo que hay estafas en medio de la pandemia.
Tuvimos 19 reportes, por ejemplo gente que llama para decir que tiene la medicina para curar el covid-19. También de mascarillas que venden a precios exorbitantes o de farmacias que quieren cobrar un alto precio, o de ciudadanos en la calle que especulan. Además había instituciones que estaban guardando el oxígeno. Eso ha ocurrido más en Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y Cañar.
¿Cuántos funcionarios del ECU-911 se han contagiado?
Es una institución de alto riesgo. Ninguna está blindada contra el virus. Somos demasiado estrictos con nosotros mismos e hicimos una encuesta sobre el 92% de cumplimiento, hay coordinaciones que tienen el 100%. Lamentablemente, tenemos dos funcionarios fallecidos, uno en Ambato y otro en Guayaquil. Este último es un caso ejemplar porque se presentó antes del 12 de marzo y nosotros aislamos a ese funcionario, que no hizo cerco epidemiólogico porque lo retiramos antes. Ahora tenemos 10 casos positivos, 9 en Guayaquil y 1 en Quito, 45 en cerco y 10 en APO, en total 55 personas que dejaron de trabajar. Hicimos dos grupos para doblar turnos y tenemos un plan emergente para reforzar el trabajo con 30 personas por tres meses. Para la cantidad de trabajo que tenemos los números son bajos. Yo estuve en aislamiento obligatorio porque uno de los funcionarios cercanos dio positivo. Hay mucha gente que nos da guantes y trajes. El ECU sigue activo y hace un trabajo de 24 horas; espero que nos den las exoneraciones porque es muy poco lo que ganan para el trabajo desempeñado. (I)
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