El ‘Frente para el Futuro’, que agrupa a 300 jóvenes de ocho provincias, por medio de un conversatorio efectuado el jueves pasado en Quito recogió una serie de inquietudes, observaciones y planteamientos de lucha contra la corrupción.

La idea es presentarle en 15 días un documento al presidente Lenín Moreno y al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Asimismo desean tener una cita para que el Mandatario y esta dependencia conozcan las puntualizaciones de los jóvenes, para ello, seguirán recabando insumos mediante debates y diálogos.

Durante el primer encuentro, el representante de esta agrupación, Xavier Erazo, lamentó que la corrupción se genere no solo en la esfera pública y en la privada, sino también en la sociedad.

Dijo que en estos últimos 10 años se ha luchado mucho pero cree que hacen falta políticas públicas para fomentar una cultura cívica y patriótica, con valores éticos y morales.

El joven dirigente responsabilizó, en parte, que la corrupción se genere desde las esferas políticas, por eso propuso tipificar la “muerte civil” para castigar a los funcionarios y políticos sobre estos actos.

En este sentido, dijo, se debe controlar el dinero para la financiación de las campañas políticas. También propuso una verdadera veeduría ciudadana para fiscalizar la asignación de obras, desde la fase precontractual hasta la finalización de los proyectos.

Varios participantes se sumaron a esta idea para que las veedurías no solo puedan hacer control social, sino que tengan la facultad de denunciar y fiscalizar.

Elías Tenorio, otro joven dirigente, reiteró la necesidad de ponderar la responsabilidad penal de los partidos políticos por no fomentar prácticas transparentes, democráticas y anticorruptoras.

Patricio León, del Colectivo Patria y Cultura, planteó la construcción de valores desde los centros educativos.

Otros estudiantes universitarios también resaltaron que este tema involucra a toda la ciudadanía para que, con el pasar de los años, exista un cambio cultural.

La legislación, clave para la lucha contra la corrupción

Durante más de una hora de debate, se hicieron varias propuestas para presentarle al Presidente y a los miembros del Frente de Transparencia, entre ellos, trabajar en conjunto para evitar que entre empresas y políticos arrebaten las economías nacionales y evitar que los recursos destinados a los servicios públicos se desvíen para pocos.

Consideran necesario que la sociedad civil y los medios, por ejemplo, exijan que los actores políticos rindan cuentas sobre sus actos.

La exlegisladora Mery Verduga ponderó que una acción concreta de lucha contra este mal es la aprobación de la consulta popular sobre paraísos fiscales.

Allí también concluyeron sobre la importancia de controlar e impedir que las campañas políticas sean financiadas con dinero malhabido.

Solicitaron a los legisladores tramitar reformas legales para fortalecer mecanismos de sanción de dichos actos, por ejemplo, prohibir la contratación con empresas vinculadas con actos ilícitos.

Asimismo mostraron su respaldo a la creación de incentivos para ciudadanos y funcionarios que presenten denuncias de corrupción.

Verduga propuso mecanismos para sancionar estos actos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados y establecer legislación sobre la “muerte civil” para funcionarios que incurran en este mal.

Además de fortalecer los procesos de selección del personal y dar a la ciudadanía herramientas para poder hacer control.

Pabel Muñoz, asambleísta de PAIS, lamentó que los medios de comunicación solo hablan de la corrupción en el sector público y se olvidan del privado, ni en la vida cotidiana. “El caso de Odebrecht es mundial, no solo afectó a Ecuador. Ese fenómeno no es de gobiernos de izquierda o de derecha, ha llegado a todos los sectores”, lamentó.

La derecha y los medios privados desvían su responsabilidad

Verduga así como los participantes criticaron que desde los países de derecha, apoyados por medios de comunicación privados, lanzan críticas para los regímenes socialistas, en donde afirman que existe corrupción, manipulación de la justicia y falta de libertad de expresión.

Por eso pidieron a la ciudadanía que analice este discurso y que se den cuenta el origen de aquello. “Es un problema de todos”. (I)