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Ecuador, 26 de Diciembre de 2024
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Insulza rechaza mover sede de la CIDH de Washington

José Miguel Insulza (i) está en Paraguay liderando los preparativos de la Asamblea General de la OEA que arranca mañana. FOTO: EFE
José Miguel Insulza (i) está en Paraguay liderando los preparativos de la Asamblea General de la OEA que arranca mañana. FOTO: EFE
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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, rechazó hoy cambiar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en Washington, y defendió su "plena autonomía".

En un encuentro hoy con organizaciones no gubernamentales, la víspera de la apertura de la 44 Asamblea General del organismo, dijo que las propuestas de reforma de ese órgano de la OEA requieren un cambio de la Carta y la Convención que rigen su actuación.

"Es un camino inconducente, no va a ocurrir", aseveró el exministro chileno.

Explicó que la secretaría de la CIDH "es la secretaría general de la OEA", por lo que cambiar su sede implicaría trasladar la sede de la propia organización.

Los participantes en la IV Conferencia de Estados Parte del Pacto de San José, que tuvo lugar en Haití el pasado martes, propusieron sacar a la CIDH de Washington y Haití se ofreció para acogerla.

La reforma de la CIDH, que también incluye propuestas para aumentar el control de sus actividades por parte de los Gobiernos, está impulsada por Ecuador, que cuenta con el apoyo de otros países de la región.

La Comisión, que es un órgano autónomo de la OEA, se ocupa de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, y sus críticas a las acciones u omisiones de los gobiernos en este área han provocado el rechazo de algunos de ellos.

Venezuela, por ejemplo, acusa a la CIDH de estar "parcializada" en su contra, mientras que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, la considera un "instrumento de persecución de los gobiernos progresistas" y mantiene que está dominada por los países "hegemónicos".

Ecuador promueve la salida de la CIDH de Washington con el argumento de que Estados Unidos no ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José.

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